Toluca
José Luis Mejía, abogado penalista en el sistema estatal y federal, consideró que el director general de Prevención y Reinserción Social, Luis Arias González, podría ser responsabilizado de los delitos cometidos en contra de internos en las cárceles por que que no tiene control sobre los directores de las cárceles mexiquenses.
“Es muy común que haya participación o corrupción de custodios por familiares de internos, pues perciben salarios muy bajos, a veces les pagan para pasar una comida o una fruta; adentro piden dinero para darles una mesa, una sombrilla durante la visita o los teléfonos de los que habló ‘El Tatos”, agregó.
Destacó que el sistema penitenciario en el Estado de México es “un monstruo de mil cabezas” y las declaraciones de Arias González sobre la destitución de los directores de los penales Neza-Bordo, José Duarte Franco y de Cuautitlán Izcalli, Cuauhtémoc Gutiérrez González, evidencian que no tuvieron la capacidad para mantener bajo control los penales, pues fue clara la comisión de delitos e incluso el hallazgo de armas y drogas demostró que no tiene control sobre el personal responsable de las cárceles mexiquenses.
“Ejemplo: lo que deriva del personaje ‘El Tatos’. Murió uno de los internos, Erick Rosas Navarro, y el director general no ha llamado a la familia para informarles sobre las causas del deceso. Si hay un responsable es el director del centro penitenciario y por consecuencia del director general del sistema, incluso jefes de vigilancia, de turno y custodios”, dijo.
Estimó que la cabeza siempre debe ser responsable del funcionamiento de los trabajadores, pues si bien es director de todo el sistema estatal, debe conocer lo que pasa en cada caso. “Más aún, no hay que olvidar que el propio director general, cuando el suicidio del feminicida de Valeria, José Octavio Sánchez, en una celda del penal de Neza - Bordo, únicamente cambió al entonces director, Alejandro Meraz, al penal de Almoloya de Juárez.
“Todo va incluido, el director general no hace una revisión exhaustiva de cómo están operando los penales”, explicó. Lamentó que no haya un estudio real que demuestre la corrupción que hay al interior de las cárceles, ni sobre el mal funcionamiento del sistema penal.
Informó que los diversos procesos de “El Tatos” pueden ser por la vía tradicional o con juicios orales, depende de su temporalidad, pues con base en que lleva 12 años sin sentencia, deben tratarse de casos previos al sistema oral.
“En esos procesos, constitucionalmente puede solicitarse que se pierda el año que marca la ley para efectos de realizar una apertura total de ofrecimiento y desahogo de pruebas; además hay que observar el tipo de delito en el que está juzgado o suspendidas sus sentencias, si hay o no aportaciones de prueba. Eso se encamina a un sistema judicial no penitenciario”.
Añadió que, con la nueva tecnología, sus audiencias pueden ser a través de videoconferencias, pues la presión social que hay sobre este joven amerita agilizar sus juicios y enviarlo a un penal federal con sede en Durango no lo aplaza, pues se pueden emplear los medios electrónicos de los juicios orales para “apurar la sentencia, porque el sistema judicial ya fue tocado en los nervios más sensibles para el Tribunal”.
