Toluca/Estado de México
Esta tarde se llevó a cabo la audiencia inicial de Omar “N”, exservidor público del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TRIJAEM), quien es investigado por su probable intervención en el hecho delictivo de abuso de confianza.
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Durante la audiencia, celebrada en los Juzgados de Almoloya de Juárez, el órgano jurisdiccional estableció esta medida cautelar, y el próximo lunes 1 de septiembre se realizará la continuación de la misma, para que sea resuelta su situación jurídica.
Por lo que hace a la medida cautelar otorgada por el juez, consistente en prisión preventiva justificada, fue concedida en virtud de que existe un riesgo latente para los denunciantes, ya que el imputado tiene conocimiento de quiénes declararon en su contra, lo que genera un fundado temor por la integridad física, psicológica y patrimonial de los mismos, dado el posible ánimo de represalia o intimidación.
Asimismo, debe resaltarse que el investigado carece de un domicilio fijo plenamente acreditado, situación que dificulta su localización y pone en entredicho su arraigo domiciliario, incrementando con ello el riesgo de sustracción de la acción de la justicia.
Por tanto, resulta necesario y proporcional imponer la medida cautelar solicitada, a efecto de proteger a los denunciantes, garantizar su seguridad, así como asegurar la presencia del imputado en el proceso penal.
Omar “N” es investigado por su probable participación en el delito de abuso de confianza, dado que el exservidor público aprovechó las facultades y el acceso que se le habían conferido para la administración de los recursos financieros del tribunal, para disponer indebidamente de ellos.
Los hechos por los cuales es investigado se registraron el 1 de diciembre de 2023, cuando, en su carácter de Jefe de Departamento de Servicios Financieros del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, presumiblemente aprovechó la confianza y la responsabilidad conferidas por su cargo para realizar 29 transferencias electrónicas por un monto total de 32 millones 482 mil 330 pesos, sin contar con autorización o justificación legal para llevar a cabo lo anterior.
Al detenido se le debe considerar inocente hasta que sea dictada una sentencia condenatoria en su contra.
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