Valle de México
Empresarios de la Unión Industrial del Estado de México (UNIDEM) denunciaron que trabajadores de empresas de reparto son objeto de constantes abusos por parte de policías de Tultitlán, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli y Naucalpan y algunos otros municipios del Estado de México, quienes los detienen por mover y entregar mercancía a sus clientes y exigen pagos de hasta 6 mil pesos por trabajador por su liberación.
Así lo expresó Víctor Castillo, presidente de la mencionada agrupación industrial, quien destacó que las detenciones son todos los días a cualquier hora para el reparto de alimentos, abarrotes, bebidas y mercancías en general.
Dijo que esas acciones policiacas se intensifican los viernes por la tarde e incluso los fines de semana, cuando a los trabajadores se les complica comunicarse a sus empresas por el horario laboral, siendo trasladados a juzgados cívicos donde permanecen aislados sin comunicación por varias horas hasta que cubren la multa.
Comentó que las unidades, en algunos casos, son remitidas al corralón y su personal presentado ante las autoridades del ministerio público.
“A las empresas y sus trabajadores no se les puede dar un trato de delincuentes, y los cuerpos policiacos no deberían distraer en este tipo de acciones ya que su función es la de mejorar la vialidad, y la seguridad de los municipios y no la de extorsionar a las empresas y sus trabajadores”, sostuvo Víctor Castillo.
Expuso que para cada persona se pide por su liberación cantidades que oscilan entre los 5 mil y los 6 mil 500 pesos, y que una vez que personal de la empresa o de la UNIDEM recurre en su ayuda, las multas se moderan del orden de 2 mil 500 a tres mil por cada chofer y ayudante.
Informó que estos casos también se registraron en Tlalnepantla y Ecatepec, sin embargo una vez que la UNIDEM dialogó con las autoridades de esos municipios, ya no se han detenido unidades.
Empero, remarcó que el problema continúa en Naucalpan, Tultitlán Coacalco y otros municipios del Estado de México, como Cuautitlán Izcalli, aunque en este último ya están en plática con autoridades para que se suspendan este tipo de operativos.
Destacó que las autoridades municipales argumentan que las infracciones y multas están contenidas en la Gaceta de Gobierno del Estado de México, en el Bando Municipal e incluso en el Reglamento de Tránsito de los referidos municipios, sin embargo las cantidades para liberar a los trabajadores y sus vehículos se manejan a elección de los policías, jueces o ministerios públicos.
“Consideramos que se trata de una medida arbitraria e injusta; las multas que se imponen son excesivas, sin dejar de mencionar las afectaciones que implica en cuanto a rentabilidad y competitividad”, finalizó Castillo.
