Toluca/Estado de México
Los centros penitenciarios del Estado de México, junto con los de la Ciudad de México y el estado de Puebla, encabezan la lista de cárceles con mayor casos de corrupción, donde están involucrados servidores públicos de éstos y grupos de internos “que generan situaciones de auto-gobierno o co-gobierno con las autoridades”.
Lo anterior se estableció en el estudio “Características de la población privada de la libertad en México”, de la serie “Documentos de análisis y estadísticas, Justicia”, del INEGI (2018), con una investigación realizada en 2016, donde se destaca que “En las cárceles mexicanas, se encontró que alrededor de 108 de cada mil personas privadas de la libertad tuvieron que pagar algo por obtener algún beneficio en el centro penitenciario durante 2016”.
A nivel nacional, se encontró que 209 mil 709 personas experimentaron algún acto de corrupción, y que 36.1 fue por arte de internos; 87.4 por ciento, por parte de custodios; 14.3 por ciento, por personal, y 1.4 por ciento, por otros.
“La corrupción fue menos frecuente en los centros federales, con 17 víctimas por cada mil personas, que en los centros estatales donde se estimó una tasa de corrupción de 119 por cada mil reos”, refirió el documento.
De acuerdo con la investigación, los penales donde se reportó el mayor número de víctimas de corrupción fueron los de la Ciudad de México, Estado de México y Puebla, con más de 200 casos por cada mil”.
A detalle, en el caso de la Ciudad de México se reportó un tasa de prevalencia de corrupción de 310 por cada mil reos; en el Estado de México fue de 236 por cada mil y el de Puebla, 228 por cada mil. Está también Morelos, con 137 por cada mil.
“En cambio, en Nuevo León, Tamaulipas y Jalisco se registraron menos de 20 personas que experimentaron corrupción por cada mil”, se agrega. Tamaulipas tuvo 16 y Nuevo León, 10.
Según el documento, al entrar al análisis del tipo de actores a los que los internos pagaron por la obtención de algún beneficio, “se encontró que 87.4 por ciento pagó a los custodios y 14.3 por ciento al personal de tipo técnico o administrativo. Lo que confirma que en la mayoría de los casos se trata de corrupción en el sentido que son las autoridades las que piden un pago por la obtención de beneficios”.
De la misma forma, la investigación estableció que de manera adicional, “36.1 por ciento de la población penitenciaria refirió que pagó a otros internos, lo que podría ser un indicio de un fenómeno de autogobierno, ya que la solicitud de un pago por un servicio es muestra del control que tienen otros reclusos en los penales, o tratarse de gobierno compartido o cogobierno, en el que las autoridades penitenciarias comparten el control y administración de los recursos del centro y sus beneficios con grupos de internos, por lo que en futuras investigaciones podría indagarse más al respecto”.
En la investigación, se resaltó la correlación positiva y significativa entre la tasas de corrupción y la tasa de prevalencia delictiva, esto es, que la corrupción facilita que internos “puedan ejercer violencia hacia sus pares, incrementando con ello los niveles de victimización al interior de los penales”.
En este sentido, el estudio revela también que los centros penitenciarios estatales con “la mayor prevalencia de victimización intracarcelaria”, son los del Estado de México y Baja California Sur.
En los penales mexiquenses cinco de cada diez reos aseguraron haber sido víctimas de algún delito durante el año 2016, con el robo de objetos personales en 32 de cada 100 internos, y lesiones en segundo lugar, con 8.3 por ciento.
