Valle de México
Mientras los centros de readaptación social del Estado de México mostraron una calificación reprobatoria y con tendencia a empeorar en cuanto a las condiciones de internamiento de las personas procesadas y sentenciadas que se encuentran recluidas, los homicidios dolosos al interior de las cárceles se quintuplicaron en 2017 respecto de 2016, en tanto que las quejas por violaciones a los derechos humanos aumentaron ligeramente en ese mismo lapso al pasar de 805 a 835.
Lo anterior se desprende del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de los años 2016 y 2017, en lo que se estableció el descenso en la evaluación para 12 de los centros de reclusión mexiquense, esto luego de que durante cinco años consecutivos, a partir de 2011 y hasta 2015, mostró una tendencia favorable al alcanzar 6.73 en su calificación.
Pero en 2016 comenzó el descenso, colocándose con 6.40 y para 2017 tuvo 6.31, ligeramente por encima de la media nacional, que fue de 6.30.
Entre los aspectos que se resaltaron tras la supervisión está el aumento en el número de cárceles con condiciones de gobernabilidad en rojo: en el 2016 estaban los penales “Sergio García Ramírez”, en la población de Santa María Chiconautla, en Ecatepec; el “Juan Fernández Albarrán”, en la población de San Pedro Barrientos, en Tlalnepantla, así como del de Cuautitlán.
Para 2017 se retiró ese color a Cuautitlán, pero a la lista se sumaron el penal del Bordo de Xochiaca, en Nezahualcóyotl, y el reclusorio de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, quedando en la misma situación Ecatepec y Tlalnepantla.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), las condiciones de “gobernabilidad”, en estos casos en rojo, se refieren a la “insuficiencia de personal de seguridad y custodia, deficiencias en el proceso para la imposición de las sanciones disciplinarias; ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad del Centro (autogobierno/cogobierno); actividades ilícitas y presencia de cobros (extorsión y sobornos)”.
En cuanto a los aspectos que garantizan la integridad de los internos, en 2016 en rojo estaban Ecatepec, Tlalnepantla, Bordo de Xochiaca, Chalco, Santiaguito y Cuautitlán. Al año siguiente quedaron Ecatepec, Tlalnepantla, Bordo de Xochiaca y Cuautitlán.
En este apartado, la CNDH se refiere a la “sobrepoblación” de los penales; el hacinamiento; la falta de “servicios para mantener la salud de las personas privadas de la libertad; poca o nula “supervisión del funcionamiento del Centro por parte del titular, insuficiencia en los programas para la prevención y atención de incidentes violentos”, así como “insuficiencia en los procedimientos para la remisión de quejas de probables violaciones a los derechos humanos”.
Respecto de las condiciones para una estancia digna, en el 2016 figuraron en rojo Ecatepec, Tlalnepantla, Cuautitlán, Chalco y Santiaguito. En 2017 la lista la integraron Ecatepec, Tlalnepantla, Bordo de Xochiaca y Cuautitlán.
En este rubro, la calificación es consecuencia de la “inexistencia o insuficiencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del Centro; condiciones materiales e higiene de las instalaciones para alojar a las personas privadas de la libertad (ingreso y dormitorios), así como ausencia de condiciones materiales, equipamiento e higiene de la cocina y comedores”.
Por otro lado, en cuanto a los homicidios, todos dolosos, los informes indican que en 2016 se registraron cinco en las cárceles del Estado de México, por 54 en las de Nuevo León, y 10 en los penales de Tamaulipas. La Ciudad de Mexico también tuvo cinco homicidios ese año.
Sin embargo, para 2017 la entidad mexiquense contabilizó 26, empatada con Tamaulipas en el segundo puesto, solo detrás de Guerrero, que sumó 28, en tanto que la Ciudad de México y Quintana Roo totalizaron cinco cada una.
De un año a otro, el Estado de México quintuplicó la cifra de asesinatos, en los cuales 75 por ciento se cometió en los dormitorios y con objetos contundentes. La mayor incidencia de homicidios fue en el horario de entre las 24:00 horas a las 06:00 horas.
Finalmente, respecto de las quejas recibidas por los organismos locales de protección a los derechos humanos, en la entidad se pasó de 805 a 835 de 2016 a 2017.
El Estado de México fue el tercer lugar a nivel nacional en 2017 ese tema con 835, detrás de la Ciudad de México, que tuvo 3 mil 026 y Baja California, con mil 092.
Según el reporte de la supervisión de las cárceles estatales del país, “los derechos más vulnerados fueron el Derecho a la Integridad Personal, Derecho a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica, Derecho a la Protección a la Salud, Derecho a Recibir un Trato Humano y Digno, Derecho a la Reinserción Social, Derecho al acceso a la justicia y Derecho de los Grupos en Situación de Vulnerabilidad”.
“En la mayoría de las quejas se señalan como responsables principalmente a autoridades penitenciarias estatales y del Centro, servicio médico, autoridades jurisdiccionales y defensores de oficio, personal de seguridad y custodia, policías, y procuradurías generales de justicia de los estados”.
Las autoridades mexiquense recibieron dos recomendaciones.
