Sin presidente municipal y sin secretario, Villa del Carbón sin autoridad… Sube calificación Huixquilucan por fortaleza recaudatoria y bajo endeudamiento… Enrarece sala regional del TEPJF ambiente electoral… Miguel Sámano se anota punto con el Plan de Desarrollo
La Sala Regional del TEPJF con sus decisiones parece que sólo logra enrarecer el proceso electoral del Estado de México. Echó abajo el convenio de coalición parcial de “Juntos haremos historia” (Morena, PT, Encuentro Social) porque debe aprobarlo el Consejo Nacional y no el Comité Nacional. El representante de Morena ante el IEEM, Ricardo Moreno, dice que lo único que se logra con esto, es que trabajen doble.
Por lo pronto, Morena interpondrá un recurso de reconsideración de la sentencia y, seguramente, se convocará al consejo nacional para cumplir lo que están pidiendo los magistrados, que hace un par de semanas también revocaron la coalición PRI, PANAL-PVEM.
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El alcalde de Villa del Carbón, Javier Cruz Monroy, tiene 15 días de no pararse por el ayuntamiento. Una vez más anda “desaparecido”. La situación es grave porque tampoco hay secretario del ayuntamiento en funciones porque el presidente municipal “despidió a Miguel Ángel Cruz Roblaes, a quien tampoco dejó regresar a su espacio como tercer regidor propietario. Desde entonces no se han llevado a cabo sesiones de Cabildo. Los miembros del cuerpo edilicio están verdaderamente molestos.
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Fitch Rating subió la calificación crediticia del municipio de Huixquilucan, encabezado por Enrique Vargas del Villar. Pasó de ‘BBB+(mex)’ a ‘A-(mex)’, por la generación de ingresos propios elevada y el fortalecimiento del ahorro interno, así como la mejora en la liquidez del municipio. La calificación se fundamenta en la fortaleza recaudatoria sobresaliente y en el nivel bajo de endeudamiento directo, entre otras cosas.
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El presidente de la Junta de Coordinación Política, Miguel Sámano Peralta, argumentó que el Plan Estatal de Desarrollo, documento rector de la actual administración estatal, es un Plan alineado a la Agenda 20-30 de la ONU, que fue hecho con las mejores prácticas internacionales en la materia y fue producto de una amplia convocatoria y consenso con sectores sociales, académicos, sociedad civil, empresarios y legisladores. La aprobación en el Congreso fue por unanimidad y sin posiciones de las bancadas.
