Histórico, aprueban en Congreso la despenalización de la interrupción del embarazo
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Con 55 votos a favor, 7 en contra y 4 abstenciones, la 62 Legislatura aprobó el dictamen que despenaliza la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas, una decisión histórica que garantiza los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes en la entidad. Este paso significativo fue impulsado por las integrantes de la Comisión Legislativa para la Igualdad de Género, marcando un cambio profundo en la legislación estatal y dando respuesta a una demanda social que llevaba décadas siendo ignorada.
Las abstenciones en la votación fueron de los diputados Eduardo Zarzosa, Mercedes Colín, Alejandro Castro y Leticia Mejía, del PRI, mientras que los siete en contra fueron del Partido Acción Nacional.
Después de una sesión de más de tres horas, los argumentos en el parlamento mexiquense fueron opuestos, mientras algunos legisladores insistieron en que se trata de una deuda histórica para las mexiquenses y su derecho a elegir libremente sobre su cuerpo, otros defendieron el derecho a la vida desde su concepción.
Además, se propone reformar los artículos 248 y 251, y así derogar los artículos 249 y 250 del Código Penal del Estado de México en materia de la interrupción del embarazo.
Asimismo, se agrega la definición de embarazo de manera inclusiva, considerando a cualquier persona con capacidad de gestar, independientemente de su identidad de género u orientación sexual, así como la de persona gestante para referirse a la embarazada, buscando una mayor inclusión.
Una iniciativa de justicia social
La diputada Zaira Cedillo, presidenta de la Comisión Legislativa para la Igualdad de Género, abrió la exposición del dictamen resaltando la importancia de este momento en la historia legislativa del Estado de México. Destacó que este tema ha sido objeto de debate durante más de 70 años, y que por lo menos cinco legislaturas previas habían intentado abordar el tema sin éxito.
“Hoy llegamos a este momento histórico gracias al trabajo incansable de miles de mujeres que nos antecedieron. Mujeres que no solo lucharon por nuestro derecho al voto o a ser votadas, sino también por derechos sexuales y reproductivos plenos. Esta propuesta no es solo una reforma legal, es un acto de justicia social para las mujeres y personas gestantes de nuestra entidad,” declaró Cedillo.
La diputada explicó que la iniciativa es el resultado de años de diálogo, movilización social y trabajo legislativo, con un enfoque claro en la igualdad y la no discriminación. Cedillo subrayó que las reformas presentadas buscan poner fin a la criminalización de mujeres y personas gestantes, otorgándoles herramientas para decidir sobre su cuerpo, su autonomía y su proyecto de vida.
“Este dictamen busca resarcir una deuda histórica que ha obligado a más de 72,000 mujeres a trasladarse a la Ciudad de México para acceder a un derecho que en nuestro estado les era negado. A través de esta reforma, estamos diciendo a las niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes que nunca más les daremos la espalda, que sus derechos son nuestra prioridad,” agregó.
Además, enfatizó que el marco constitucional y convencional del Estado mexicano obliga a las autoridades a apegarse a los estándares más altos de derechos humanos. Por ello, exhortó a sus compañeros legisladores a asumir con responsabilidad el mandato del pueblo y garantizar los derechos de todas las personas sin prejuicios ni estigmas.
Cedillo también se dirigió a las poblaciones más vulnerables, incluyendo a las mujeres indígenas, afrodescendientes, migrantes y aquellas en situación de pobreza extrema o violencia. “Esta reforma no solo se trata de la interrupción del embarazo, sino de garantizar condiciones dignas para todas. Es un compromiso real con las mujeres y personas gestantes de los 125 municipios de nuestro estado,” afirmó.
Finalmente, la diputada cerró su intervención destacando la importancia de avanzar hacia una sociedad que respete y promueva los derechos humanos en su totalidad:
“Hoy dejamos atrás la criminalización y damos un paso firme hacia la construcción de una sociedad más justa, donde la maternidad sea elegida y no impuesta. Esta legislatura será recordada como la que abrió las puertas a un nuevo capítulo en la historia de las mexiquenses.”
Detalles de la iniciativa
La iniciativa presentada reforma diversos artículos del Código Penal del Estado de México:
No considerar delito la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas completas de gestación.
Establecer penas específicas fuera de este plazo:
Seis meses a un año de prisión para interrupciones posteriores a las 12 semanas.
Cinco a diez años de prisión para interrupciones sin consentimiento.
Hasta 15 años de prisión en casos de violencia física, psicológica u obstétrica.
Excepciones: No se considera delito en casos de violación, peligro de vida para la gestante, alteraciones graves del producto, o embarazos resultantes de inseminación no consentida.
El debate: Posturas contrapuestas
El dictamen generó un debate amplio entre las distintas fuerzas políticas, reflejando la diversidad de opiniones en torno al tema.
A favor
Dip. Araceli Casasola (PRD): Subrayó que la maternidad debe ser una decisión informada y acompañada, aunque destacó la necesidad de garantizar gratuidad y calidad en los servicios.
Dip. Ruth Salinas Reyes (MC): Celebró el impacto de la lucha feminista en esta reforma, destacando que representa una victoria para todas las mujeres, independientemente de los partidos políticos.
Dip. Selina Trujillo (Morena): Expuso cifras alarmantes de niñas embarazadas víctimas de violencia sexual y cuestionó si el Estado debía condenarlas a una maternidad forzada.
Dip. Gloria Vanessa Linares (PVEM): Resaltó que su bancada busca construir un marco legal que respalde plenamente los derechos humanos y garantice un entorno de igualdad y justicia.
En contra
Dip. Emma Laura Álvarez Villavicencio (PAN): Criticó que la despenalización no resuelve los problemas estructurales de las mujeres y advirtió que podría generar mayor sufrimiento.
Dip. Krishna Romero (PAN): Defendió la vida desde la concepción y abogó por políticas integrales de apoyo a la mujer y la familia.
Dip. Rocío Alexia Dávila (PAN): Señaló que la iniciativa no atiende la falta de educación sexual ni las carencias de políticas públicas en comunidades marginadas.
Un paso histórico e incompleto
A pesar de los avances, legisladoras como Araceli Casasola (PRD) y Selina Trujillo (Morena) señalaron que el dictamen debe complementarse con medidas como educación sexual integral, gratuidad en los servicios y campañas de información para garantizar un impacto real.
Con esta aprobación, el Estado de México se convierte en la entidad número 18 del país en reconocer el derecho a la interrupción legal del embarazo, marcando un parteaguas en la lucha por los derechos reproductivos y la autonomía de las mujeres.
