Estado de México
El Grupo Parlamentario de Morena presentó una propuesta para reformar el Código Penal del Estado de México en materia de interrupción legal del embarazo.
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Lo anterior ocurrió durante la sesión de la Comisión de Igualdad de Género, presidida por la diputada Zaira Cedillo Silva.
La iniciativa, aprobada para turnarse al Pleno y rechazada por el Partido Acción Nacional, plantea modificar los artículos 248 y 251, además de derogar los artículos 249 y 250, con el objetivo de establecer nuevas disposiciones sobre este tema.
En esta comisión se resaltó que cerca de cuatro mil mexiquenses viajan cada año a la Ciudad de México para acceder a la interrupción legal del embarazo.
La iniciativa propone sancionar con penas de seis meses a un año de prisión a las mujeres o personas gestantes que interrumpan su embarazo de forma voluntaria después de las 12 semanas, así como a quienes autoricen o permitan que alguien más realice el procedimiento.
Asimismo, establece castigos más severos, que van de cinco a diez años de prisión y multas de 50 a 400 días de salario, para quienes practiquen la interrupción del embarazo sin el consentimiento de la mujer, sin importar la etapa de gestación. Si el procedimiento se lleva a cabo con violencia física, psicológica, obstétrica o por negligencia médica, la pena podría ascender hasta 15 años de prisión.
En el caso de profesionales de la salud, como médicos, enfermeras o parteras, se prevé la suspensión del ejercicio profesional por un periodo de tres a seis años si participan en actos que incumplan la norma. En casos de reincidencia, la suspensión se extendería hasta 20 años.
La propuesta también redefine conceptos, como considerar el embarazo como el proceso reproductivo que inicia con la implantación del embrión en el endometrio, mientras que "persona gestante" abarca a cualquier individuo con aparato reproductor femenino y capacidad de gestar, independientemente de su edad, apariencia o identidad de género.
Existen excepciones a la penalización, incluso después de las 12 semanas, como en casos de embarazo producto de violación, inseminación artificial o implantación no consentida, sin requerir la denuncia previa. También se excluyen situaciones en las que la vida o la salud de la mujer corran peligro, según criterio médico, o cuando el feto presente malformaciones genéticas o congénitas graves.
Otros supuestos incluyen casos en los que las mujeres hayan sido privadas de su libertad por personas cercanas o cuando trastornos ginecológicos les hayan impedido percatarse de su embarazo.
El Grupo Parlamentario del PAN expresó su postura en contra de la despenalización del aborto, solicitando un formato más flexible de debate para garantizar que todas las voces sean escuchadas.
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