Toluca/Estado de México
La medida anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum, para fijar un tope al precio de los combustibles y establecerlo en 24 pesos para la gasolina regular, se presenta como una decisión que podría evitar la competencia en el sector de los hidrocarburos, generar problemas de inseguridad al incrementar la venta irregular de combustibles o el llamado “huachicol”, y poner en serios problemas la operación de marcas independientes que han ido ganando mercado en el país de manera paulatina.
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Mauricio Massud Martínez, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México, señaló que el control de precios ha demostrado en años anteriores no ser una opción viable, ya que desencadena una serie de problemas en otros productos y evita la competencia. Sin embargo, mencionó que se pueden apostar por acciones conjuntas, en las cuales tanto la autoridad como el sector empresarial asuman responsabilidades y compromisos reales que impacten en el precio al público.
“El Gobierno Federal se ha planteado en la Ley de Ingresos una meta de recaudación por IEPS de 473 mil 578 millones de pesos, lo que representa un 17 por ciento más que el año anterior. Es decir, mientras buscan limitar el precio, también se pretende recaudar más por los combustibles. Si lo que se pretende es que el inversionista renuncie a la utilidad, lo que se generará será el cierre de estaciones de servicio en todo el país”, comentó.
El empresario señaló que actualmente existen estados, principalmente en el norte del país, donde el precio de venta de Pemex a las otras marcas de distribución supera incluso los 24 pesos, lo que haría que las empresas vendan más barato de lo que compran.
Tan solo el año pasado, los ingresos generados por el cobro de IEPS a las gasolinas y diésel representaron el 63.5 por ciento de los ingresos totales, lo cual refleja que la autoridad sigue sin obtener resultados claros en el cobro de impuestos sobre otros contribuyentes, producción, prestaciones de servicios o actividades económicas, y que la informalidad sigue en crecimiento en el país.
Massud Martínez reiteró que, desde el sector económico, se sabe del impacto que traería un incremento excesivo en el costo de los combustibles, tanto en el costo de vida de las personas —que actualmente destinan hasta el 25% de sus ingresos al pago de combustible o transporte hacia sus centros laborales— como en el encarecimiento de la operación de las empresas, que llegan a destinar hasta el 15% de sus gastos para movilizar su mercancía. Sin embargo, destacó que las acciones deben ser conjuntas, donde también el gobierno asuma su responsabilidad para atender este momento crítico y no deje todo en manos de la iniciativa privada.
Señaló que se requiere de un gran acuerdo en el que los diferentes entes asuman responsabilidades para evitar un incremento desmedido en este y otros productos, sin afectar la competitividad que actualmente tiene el país.
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