Toluca/Estado de México
En el marco del Día Mundial Contra el Trabajo Infantil establecido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la profesora de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) y líder del Cuerpo Académico de Estudios Jurídicos de Género, Derechos Humanos y de la Sociedad, Itzel Arriaga Hurtado, hace un llamado a realizar investigación social que permita desarrollar estrategias sistemáticas con todos los organismos que requieren diagnósticos para solucionar esta problemática.
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Arriaga Hurtado explicó que el trabajo infantil es legal en México para personas de entre 15 y 18 años, siempre y cuando sea remunerado como cualquier otro empleo y cuente con condiciones dignas. No obstante, subrayó que el hecho de que niñas, niños y adolescentes participen en actividades laborales remuneradas constituye un problema social derivado de condiciones estructurales de vulnerabilidad.
De acuerdo con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la infancia abarca desde el nacimiento hasta los 18 años cumplidos. Por lo tanto, cualquier forma de trabajo dentro de este grupo debe ser analizada desde una perspectiva de derechos humanos y protección integral.
“El trabajo infantil sigue siendo una realidad en México y América Latina, como respuesta a las desigualdades, la discriminación y la violencia estructural que enfrentan muchas infancias diariamente”, enfatizó.
En ese contexto, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), de acuerdo al informe de 2019, alertó que más del 40% de las infancias en México no tiene acceso efectivo a derechos fundamentales como salud, educación, alimentación adecuada, vivienda digna, protección jurídica y dignidad humana, lo cual coloca a este sector en una situación de alta vulnerabilidad ante el entorno social y frente al Estado en sus tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial.
Para el caso del Estado de México, datos del INEGI revelaron que en 2022 el 8.8% de las infancias realizaban trabajo infantil, una disminución respecto al 10% reportado en 2019, algo que se atribuye a las políticas públicas implementadas y a la visibilización del problema en diferentes medios de comunicación.
“Aún persisten muchos retos, entre ellos, la confusión entre trabajo infantil y explotación infantil, esta última reconocida como una figura delictiva que puede ser laboral o sexual, por tal motivo, hace falta más investigación para comprender qué ocurre con las infancias en distintas regiones del país", indicó.
Finalmente, la especialista cuestionó el adultocentrismo arraigado en sectores clave como la salud, la educación, la economía, la cultura, los medios de comunicación y la política, como un fenómeno que ha obstaculizado la generación de políticas públicas con enfoque real en las necesidades de las infancias.
“Como universitarias y universitarios tenemos la responsabilidad social de involucrarnos en la investigación social orientada a visibilizar y atender esta problemática. Las infancias no solamente son el futuro, sino una realidad vigente que espera ser escuchada, comprendida y protegida", puntualizó.
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