Defender los derechos de las audiencias es crucial. Defender la libertad de expresión también. El problema inicia cuando, con el propósito legítimo de proteger a la gente frente a abusos, desinformación o contenidos engañosos, se use de argumento para que alguna autoridad busque decidir dónde acaba la información, dónde comienza la opinión y, peor todavía, qué es lo que puede o no ser considerado verdadero.
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones mantendrá hasta el 21 de agosto la consulta pública sobre los nuevos lineamientos de derechos de las audiencias para radio y televisión. Entre algunas disposiciones, se pretende diferenciar, dicen que con claridad, información y opinión, distinguir publicidad de información, tener códigos de ética y establecer defensorías de las audiencias. Sobre el papel, varias de esas obligaciones parecen buenas y razonables.
El problema comienza en lo que son los límites. La presidenta Claudia Sheinbaum rechaza que haya intención de censurar y su gobierno explica que las eventuales sanciones se relacionarán con incumplimientos como no contar con código de ética o defensor de audiencia, y no con castigar el contenido periodístico. La precisión es importante. Pero el riesgo es que quizá la mandataria nacional diga lo que pretende hacer y le creamos, pero ¿qué pueden hacer otras autoridades con esa misma ley, con esas mismas reglas?
Porque información y opinión no siempre van separadas. Una entrevista, una columna, una mesa de análisis o incluso la selección de los datos que encabezan un noticiario llevan comentarios editoriales. En el periodismo, quienes lo ejercemos de manera seria, se trata de investigar, verificar, contrastar, publicar y, por supuesto, corregir cuando se equivoca, además de diferenciar los hechos de las valoraciones. Pero una cosa es exigir responsabilidad a los medios de comunicación y otra muy diferente construir mecanismos que puedan generar autocensura por temor a la interpretación de quien va a regular esto.
Tampoco se trata de refugiarse en la libertad de expresión para evitar que los medios rindan cuentas. Las audiencias tienen derechos. Pueden exigir que se rectifique, saber cuándo reciben publicidad, alzar la voz por contenidos discriminatorios y tener mecanismos para dar a conocer sus inconformidades. Sí, reclamamos independencia frente al poder público, pero también aceptamos responsabilidad frente a quienes nos escuchan y nos ven. Libertad editorial no significa de ninguna manera impunidad editorial. Por ello hablo de periodismo responsable. Porque hoy surgen “periodistas” sin serlo. Tener un micrófono enfrente y una cámara no te convierte en uno.
La discusión no se debe concentrar en decidir entre dos extremos —regulación absoluta o libertad absoluta—, sino en establecer garantías claras para proteger ambas cosas. Códigos de ética sólidos, defensorías independientes, porque transparencia y derecho de réplica fortalecen a las audiencias. Cualquier disposición poco clara que permita a una autoridad valorar contenidos periodísticos debe ser revisada con lupa, sea del color que sea quien gobierne.
México requiere siempre de medios que mejoren continuamente, de periodistas responsables y ciudadanos que distingan una investigación seria de una mentira disfrazada de noticia. Y que hoy abundan. Pero de ninguna manera necesita un árbitro que decida cuál es la verdad. Los gobiernos, las mayorías cambian y quienes ejercen el poder cambian continuamente, por lo que las reglas sobre libertad de expresión deben establecerse para que nadie abuse, ni hoy ni mañana.
