Hay objetos que deciden destinos sin saberlo. Una maleta girando en la banda de un aeropuerto es, casi siempre, un gesto de rutina: el último trámite antes del reencuentro, el peso familiar que se reconoce a distancia por una correa deshilachada o una etiqueta doblada. Pero once años atrás, en un aeropuerto de la Ciudad de México, una maleta que jamás llegó y otra que nunca debió aparecer bastaron para que un joven universitario cruzara, en cuestión de minutos, la frontera invisible que separa a un ciudadano de un sospechoso. Todavía hoy, cuando pienso en aquellos días, me pregunto cuántas vidas dependen de esa fragilidad: de un candado que no coincide, de una etiqueta que se despega, de una voz que nadie escucha a tiempo.
Se llamaba —se llama— Óscar Álvaro Montes de Oca. Egresado con honores de la Licenciatura en Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México, colaborador de nuestra institución, aficionado de River Plate y viajero ocasional, había ido a Argentina a visitar amigos. Nada en su historia —disciplinada, generosa, sin una sola mancha— anunciaba que aquel viaje terminaría convertido en el episodio más oscuro de su vida.
Ser estudiante, lo he sostenido siempre, es mucho más que ocupar un aula o acreditar asignaturas: es aprender a preguntar, formarse un criterio propio, descubrir que el conocimiento entraña también una responsabilidad frente a los demás. Paulo Freire lo dijo con una lucidez que no ha envejecido: "Estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas". Óscar encarnaba esa condición: disciplina, camaradería, pensamiento crítico, una voluntad terca de seguir aprendiendo. Y si Nelson Mandela tenía razón al llamar a la educación el arma más poderosa para cambiar el mundo, es porque esa misma convicción permite, llegado el momento, defender la verdad, la libertad y la dignidad de una persona frente al abuso.
El 31 de julio de 2015, tras escalas en Lima y Bogotá, Óscar aterrizó en la Ciudad de México y se acercó a la banda de equipaje a esperar una mochila tipo camping, verde olivo, de unos diez kilogramos. La maleta nunca apareció. Hizo entonces lo que habría hecho cualquier viajero honesto: pedir ayuda, mostrar su comprobante, confiar en que el sistema resolvería el desperfecto. En su lugar, comenzó la pesadilla.
Le atribuyeron una maleta roja, con ruedas y candado, que pesaba el doble que la suya. Dentro había veinte kilogramos de cocaína. Óscar lo dijo desde el primer instante —no coincidían el color, ni la forma, ni el peso, y tampoco tenía la llave del candado—, pero su palabra no bastó. Fue detenido, acusado de tráfico de drogas y trasladado a un penal federal en Tepic, Nayarit. En unas cuantas horas, un joven honorable fue presentado como delincuente, y su trayectoria, su conducta, su palabra misma quedaron sepultadas bajo el peso de una acusación que jamás se detuvo a resolver una pregunta elemental: ¿era realmente suya aquella maleta?
Cuando conocí el caso, como rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, tuve una certeza inmediata: no podíamos permanecer indiferentes. Una institución pública no solamente forma profesionistas; también acompaña, protege y defiende la dignidad de los integrantes de su comunidad. La autonomía universitaria no es aislamiento: es responsabilidad moral frente a la injusticia. Instruí entonces al secretario de Rectoría y al abogado general para que Óscar y su familia recibieran todo el acompañamiento y la asesoría jurídica necesarios, y la defensa reunió, con la urgencia que el caso exigía, a los abogados de la familia, especialistas de la Universidad y representantes del Gobierno del Estado de México.
Ofrecimos entrevistas, acudimos a los medios, porque entendimos que el silencio podía volverse cómplice de la injusticia. Había que exigir, en voz alta, la aplicación efectiva de la presunción de inocencia. La familia de Óscar jamás se rindió, y a su lado se sumaron amigos, compañeros, profesores y miles de ciudadanos: en las redes surgieron #ÓscarEsInocente y #JusticiaParaÓscar, y lo que había comenzado como la lucha solitaria de una familia se transformó, paso a paso, en un movimiento universitario y social.
El caso de Óscar obliga a mirar de frente una de las fracturas más inquietantes de la justicia contemporánea: la facilidad con que una persona puede dejar de ser sujeto de derechos para convertirse, de pronto, en objeto de sospecha. Una maleta ajena, una acusación grave y algunas "presuntas evidencias" bastaron para que la narrativa pública se adelantara a la investigación, como si la inocencia debiera probarse antes de que alguien asumiera el deber de buscar la verdad.
La Constitución no deja margen para la duda: el artículo 20, apartado B, fracción I, consagra la presunción de inocencia como derecho fundamental de toda persona imputada, y la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos obliga a interpretar cualquier norma bajo el principio pro persona, favoreciendo siempre la protección más amplia. El caso de Óscar no fue solamente una prueba de carácter humano; fue también una prueba de si esos principios, escritos con solemnidad en el papel, eran capaces de sostenerse cuando alguien los necesitaba de verdad.
Foucault advirtió que el poder no sólo castiga: también clasifica, vigila, nombra, produce identidades. En ese mecanismo, el joven universitario corría el riesgo de dejar de ser Óscar —con historia, vínculos, dignidad y porvenir— para quedar reducido al expediente, al titular, a la imagen repetida hasta que la sospecha adquiriera apariencia de certeza. Pero ninguna fotografía, ninguna versión precipitada, ninguna acusación mediática debería sustituir jamás el rigor de la prueba ni la obligación ética de investigar.
En medio de esa niebla, sostener la inocencia de Óscar adquirió, para mí, una dimensión casi filosófica. Creer en él no significaba negar los hechos ni eludir la exigencia de esclarecimiento; significaba algo más difícil: sostener la posibilidad de la verdad cuando el entorno ya parecía satisfecho con una condena anticipada. Fue, en sentido kierkegaardiano, un salto de fe: no una fe ciega contra la razón, sino una decisión moral de no abandonar a una persona mientras su culpa no estuviera demostrada.
Hay en ello un eco de Benedetti: la esperanza no como ingenuidad, sino como forma de resistencia; la convicción de que, aun cuando todo parezca inclinarse contra alguien, queda el deber de acompañar, de preguntar, de defender. Defender la inocencia de Óscar fue también defender una idea esencial de universidad: una comunidad que no abandona a los suyos ante el ruido, que no confunde la autoridad con la obediencia a la versión más cómoda, que entiende que la verdad necesita tiempo, pruebas y valentía. Porque cuando una institución se atreve a decir "esperemos, investiguemos, no condenemos antes de saber", no sólo protege a un joven: protege la dignidad de todos.
Entonces dijimos: todos somos Óscar. No era una consigna vacía, sino el reconocimiento de que cualquiera podía ocupar su lugar. Cualquier estudiante, turista, académico o trabajador podía recoger una maleta equivocada, ser víctima de una etiqueta alterada, quedar atrapado en una investigación que invirtiera la lógica constitucional y lo obligara a probar su inocencia.
La colaboración de la aerolínea Avianca resultó decisiva: la trazabilidad del equipaje permitió comprobar que la maleta original de Óscar se había extraviado durante la conexión en Bogotá. Los registros de documentación, las diferencias de peso, las características físicas del equipaje confirmaron lo que él había sostenido desde el principio: la maleta con la droga no era suya. Ante la contundencia de las pruebas, la entonces Procuraduría General de la República se desistió de la acción penal. Después de siete días de encierro, Óscar recuperó su libertad.
Fui a recibirlo al aeropuerto de Toluca. Conservo en la memoria esa imagen: el abrazo de sus padres, las lágrimas contenidas, la mezcla de alivio y dolor, el rostro de un joven que volvía a casa después de haber conocido, sin merecerlo, la parte más oscura del sistema penal. En la Rectoría de la UAEMéx ofrecimos una conferencia de prensa donde Óscar describió su detención como un infierno que nadie debería vivir: le habían quitado la libertad, le habían rapado la cabeza, pero no pudieron arrebatarle la dignidad. Ni siquiera entonces perdió la solidaridad: expresó su deseo de ayudar a otras personas injustamente acusadas.
Califiqué aquella movilización como un movimiento histórico en favor de un ciudadano, y lo fue, porque la sociedad, la familia y la Universidad se unieron para impedir que una mentira adquiriera la apariencia de una verdad jurídica. Pero no bastaba con celebrar la liberación: había que aprender de lo ocurrido. El caso reveló la vulnerabilidad de quienes viajan al extranjero, particularmente de los estudiantes de intercambio: una etiqueta puede desprenderse o ser sustituida, una maleta puede ser manipulada durante una escala, y una falla en la cadena de custodia puede colocar a una persona inocente frente a una acusación gravísima.
De esa experiencia nació PotroViajero, una aplicación concebida para dar mayor seguridad a nuestros estudiantes durante sus viajes: registrar las características del equipaje, conservar evidencia fotográfica, documentar etiquetas, itinerarios y datos relevantes antes de abordar un avión. La tecnología se puso, así, al servicio de la prevención y de los derechos humanos: una fotografía tomada antes de documentar una maleta podía convertirse en una prueba determinante. Una aplicación no elimina todos los riesgos, pero sí ofrece elementos para proteger a los jóvenes y reaccionar a tiempo ante una irregularidad. El precedente de Óscar obligó, además, a mirar con mayor atención las prácticas de revisión, identificación y trazabilidad del equipaje, y a impedir que otros estudiantes fueran utilizados o acusados injustamente por la manipulación de sus pertenencias.
Once años después, recordar a Óscar no es reabrir una herida por nostalgia. Es advertir que la presunción de inocencia debe ser una realidad y no una frase ornamental de nuestras leyes. Ninguna persona debería ser tratada como culpable únicamente porque una etiqueta aparece adherida a una maleta. Investigar antes de acusar, preservar correctamente las evidencias, escuchar la palabra del ciudadano: son obligaciones elementales de toda autoridad, no gestos de buena voluntad.
Recordar a Óscar también es recordar lo que debe hacer una universidad cuando uno de los suyos enfrenta una injusticia. La Universidad no puede abandonar a sus alumnos y egresados en el momento de mayor vulnerabilidad: debe acompañarlos, prestarles su voz, poner su conocimiento al servicio de la verdad. Defender a Óscar no fue una concesión ni un acto de protagonismo. Fue cumplir con el deber de un rector y con la vocación humanista de la Universidad Autónoma del Estado de México.
Hoy, Óscar es un profesionista ejemplar que ha seguido construyendo su camino con trabajo, entereza y congruencia. Ha vuelto a viajar al extranjero, ya no bajo la sombra de una acusación injusta, sino movido por el deseo de seguir preparándose, de ampliar sus conocimientos, de perfeccionar su ejercicio profesional. Hay una forma de justicia en esa diferencia: las fronteras que alguna vez fueron escenario de su agravio son hoy parte de su crecimiento. Su trayectoria confirma que ser estudiante no es una etapa que termina con la entrega de un título, sino una actitud ante la vida: conservar la curiosidad, reconocer que siempre queda algo por aprender, convertir cada experiencia —incluso las más dolorosas— en conocimiento y en servicio a los demás.
Aquel joven volvió a casa porque su familia nunca dejó de luchar, porque la comunidad universitaria se mantuvo unida, porque los medios difundieron las inconsistencias del caso y porque fue posible reunir las pruebas que demostraban su inocencia. Y, sin embargo, hay siete días de su vida que nadie podrá devolverle. Por eso, frente a toda forma de arbitrariedad, aquella consigna conserva intacta su fuerza, como advertencia y como promesa:
Todos somos Óscar.
