En el centro de la bandera de Brasil, sobre una esfera azul que reproduce el cielo de Río de Janeiro la mañana del 15 de noviembre de 1889, una franja blanca sostiene dos palabras: Ordem e Progresso. Pocos recuerdan que la frase está incompleta. Proviene de Auguste Comte, el filósofo positivista que deslumbró a los militares que fundaron la República, y en su versión original decía: “El amor por principio, el orden por base, el progreso por fin”. Los padres fundadores conservaron el orden y el progreso; el amor se quedó fuera de la tela. Ciento treinta y siete años después, aquella omisión parece una profecía cosida en hilo verde y oro: Brasil sigue oscilando entre las dos palabras que sobrevivieron, el orden que promete la derecha y el progreso que reivindica la izquierda, sin encontrar todavía la tercera, la que hacía posibles a las otras dos.
El domingo 4 de octubre, el péndulo volvió a moverse. Con más de ciento veinticinco millones de votos válidos, Flávio Bolsonaro obtuvo el 47.03 por ciento y Luiz Inácio Lula da Silva el 45.16. Una distancia de apenas 1.87 puntos, unos dos millones doscientos mil votos, que las encuestas no supieron ver y que obliga a una segunda vuelta el próximo 25 de octubre. La derecha no sólo ganó la primera ronda presidencial: el Partido Liberal se quedó con diecinueve de los cincuenta y cuatro escaños en disputa en el Senado y avanzó en gubernaturas decisivas. Y un dato pasó casi en silencio: la abstención superó el 21 por ciento, la más alta en una primera vuelta presidencial desde 1998. Treinta y tres millones de brasileños decidieron que no tenían nada que decir, o que nadie los escucharía.
Conviene detenerse en la paradoja, porque ahí comienza el verdadero análisis. El candidato que encabeza la contienda es hijo de un expresidente que cumple una condena de más de veintisiete años de prisión por haber encabezado una organización que intentó romper el orden constitucional. Hace apenas unos años, el 8 de enero de 2023, el mundo vio a una turba invadir el Congreso, el Palacio de Planalto y el Supremo Tribunal Federal. Y, sin embargo, el apellido vuelve. Y vuelve con la legitimidad que sólo otorgan las urnas.
Sería un error —y una forma de soberbia— leer este resultado como una amnesia colectiva. Los pueblos no votan contra su memoria; votan desde su presente. Y el presente brasileño está hecho de inseguridad en las periferias, de un costo de vida que no cede, de una deuda pública que preocupa a los mercados y de un desgaste natural: el Partido de los Trabajadores había ganado cinco de las seis elecciones presidenciales anteriores. Lula, el obrero metalúrgico que perdió un dedo en una prensa y llegó a la presidencia sin título universitario, cumplirá ochenta y un años el 27 de octubre, dos días después de la segunda vuelta.
En 2002, la noche de su primer triunfo, Lula pronunció una frase que recorrió el continente: “A esperança venceu o medo”, la esperanza venció al miedo. Veinticuatro años después, la pregunta ya no es si la esperanza puede vencer al miedo, sino de qué tienen miedo hoy los brasileños. Unos temen a la violencia, otros al regreso del autoritarismo; unos a la inflación, otros a perder los derechos conquistados. La política contemporánea ya no enfrenta a la esperanza contra el miedo: enfrenta a dos miedos distintos, y gana quien logra convencer de que el suyo es el más urgente.
Para entender lo que está en juego hay que levantar la vista del mapa brasileño y mirar el continente entero. En apenas dos años, América Latina ha cambiado de color con una velocidad que recuerda, en sentido inverso, a la llamada marea rosa de principios de siglo. Javier Milei gobierna Argentina; José Antonio Kast asumió la presidencia de Chile en marzo; Daniel Noboa conduce Ecuador; Santiago Peña, Paraguay; Bolivia dejó atrás casi dos décadas de hegemonía del MAS. En julio, Keiko Fujimori fue proclamada presidenta electa del Perú por un margen mínimo, y en agosto Abelardo de la Espriella recibió la banda presidencial de Colombia. Uruguay resiste con la serenidad que le caracteriza, pero su peso en el tablero regional es otro.
Si el 25 de octubre Brasil completa el giro, el resultado tendrá una consecuencia que pocos se han atrevido a formular con claridad: entre las naciones preponderantes de América Latina —las que por población, economía e influencia histórica marcan el rumbo de la región— sólo México quedaría gobernado por la izquierda. Brasil y México, los dos gigantes que durante dos siglos han funcionado como polos de gravedad del continente, dejarían de mirarse desde la misma orilla. Y México se encontraría, por primera vez en mucho tiempo, en una situación singular: no la de líder de un bloque, sino la de un país que debe coexistir con un entorno que piensa distinto.
La palabra coexistir no es menor. Tiene en nuestra historia diplomática un linaje que conviene recordar ahora. El 15 de julio de 1867, al restaurarse la República, Benito Juárez dejó escrita la frase que todo estudiante mexicano conoce y que pocos gobernantes han sabido practicar: “Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”. Juárez no la pronunció desde la comodidad de la coincidencia ideológica, sino después de haber resistido una intervención extranjera. Sabía que la convivencia entre Estados no depende de que piensen igual, sino de que se respeten aun pensando distinto.
Sobre esa intuición se edificó, en 1930, la Doctrina Estrada, y sobre ella se escribieron los principios que hoy ordena el artículo 89 de nuestra Constitución: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, la cooperación internacional para el desarrollo y el respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos. Esos principios no son de izquierda ni de derecha. Son de Estado. Y es justamente en tiempos de soledad ideológica cuando se pone a prueba si un país entiende la diferencia entre su gobierno y su política exterior.
México tiene una tradición de la que puede sentirse orgulloso. Fue la casa de los republicanos españoles que Lázaro Cárdenas recibió cuando Europa les cerraba las puertas; fue la casa de Gilberto Bosques, que desde Marsella firmó visas que eran, literalmente, salvoconductos hacia la vida; fue la casa de chilenos, argentinos, uruguayos y brasileños que en los años setenta huían de las dictaduras del Cono Sur. Ese México no preguntaba por la filiación política de quien tocaba a la puerta, sino si su vida estaba en riesgo. Ahí está la lección: la grandeza de nuestra diplomacia nunca radicó en tener aliados afines, sino en tener principios firmes.
Por eso, el riesgo para México no está en quedarse solo, sino en interpretar mal su soledad. Hay dos tentaciones igualmente peligrosas. La primera es asumir el papel de último bastión, de trinchera continental, convertir la diferencia en épica y la épica en confrontación. Es seductora, pero costosa: un país con más de tres mil kilómetros de frontera con Estados Unidos, inmerso en la revisión del tratado comercial con Norteamérica y con una agenda migratoria y de seguridad que no admite improvisaciones, no puede darse el lujo de convertir su política exterior en manifiesto. La segunda tentación es la inversa: plegarse, diluir la propia voz para no incomodar, confundir prudencia con silencio.
Entre ambas hay un camino más difícil y más digno: el de la coexistencia activa. Dialogar con Brasilia, con Buenos Aires, con Santiago y con Bogotá, gobierne quien gobierne, porque los intereses de los pueblos no cambian al ritmo de los ciclos electorales. El comercio, la migración, el cambio climático, el combate al crimen organizado trasnacional y la defensa de la Amazonía no son agendas ideológicas; son realidades compartidas. Un México capaz de sentarse con quien no comparte su visión, sin renunciar a ella, influye más que uno encerrado en la nostalgia de una región que ya no existe.
Norberto Bobbio, en aquel pequeño libro que escribió cuando muchos anunciaban el fin de las ideologías, sostuvo que la diferencia esencial entre la izquierda y la derecha es la actitud frente a la igualdad: la primera la considera un ideal a perseguir; la segunda tiende a aceptar las desigualdades como algo natural o inevitable. Si esa distinción sigue siendo válida, y creo que lo es, el desafío para la izquierda latinoamericana no consiste en lamentar sus derrotas, sino en preguntarse por qué millones de personas que viven la desigualdad en carne propia han dejado de creer que ella es la herramienta para combatirla. Las elecciones casi nunca las gana un adversario por sí solo: con frecuencia, alguien las pierde antes, en la distancia que abre entre sus promesas y la vida cotidiana de quienes lo votaron.
Hay, sin embargo, algo que debe quedar por encima de toda alternancia, y es aquí donde la mirada de los derechos humanos resulta imprescindible. El 5 de octubre de 1988 —hace treinta y ocho años, justo un día después de la fecha en que se votó esta primera vuelta—, al promulgarse la llamada Constitución Ciudadana, Ulysses Guimarães, que presidía la Asamblea, pronunció unas palabras que todavía estremecen: “Temos ódio à ditadura. Ódio e nojo”. Tenemos odio a la dictadura, odio y asco. Aquella frase no era una consigna partidista; era el pacto fundacional de una democracia que había conocido veintiún años de régimen militar, desapariciones, tortura y censura.
Ese pacto es el que hoy debe preservarse, gane quien gane. Brasil ya demostró algo extraordinario: fue capaz de juzgar y condenar a un expresidente por atentar contra el orden constitucional. Eso no es una victoria de la izquierda; es una victoria de las instituciones. Sería una tragedia desmantelar esa conquista mediante amnistías o discursos que conviertan a los golpistas en víctimas. La democracia no se defiende sólo en las urnas; se defiende también en la negativa a absolver lo inadmisible.
Desde mi experiencia al frente de un organismo público de derechos humanos, aprendí que la dignidad de las personas no puede depender del resultado de una elección. Los pueblos indígenas de la Amazonía, cuyos territorios han sido devastados por la minería ilegal; las comunidades de las favelas, que padecen la violencia del crimen y, demasiadas veces, la del propio Estado; las mujeres, las personas defensoras, los periodistas: todos ellos necesitan la misma protección bajo cualquier gobierno. El asesinato de Marielle Franco en 2018, concejala negra, nacida en la favela de la Maré, sigue siendo un testimonio de lo que ocurre cuando el poder se desentiende de los más vulnerables. Los derechos humanos no son el programa de una facción; son el piso común sobre el cual cualquier proyecto político debe construirse.
Ese piso debe guiar también a México. Coexistir con gobiernos de derecha no puede significar indiferencia ante retrocesos, del mismo modo que la afinidad con gobiernos de izquierda nunca debió significar complicidad ante abusos. Quien sólo denuncia las violaciones de sus adversarios pierde la autoridad para denunciar cualquiera.
Simón Bolívar soñó que la América hispana sería “la más grande nación del mundo, menos por su extensión y riquezas que por su libertad y gloria”. José Martí, que la había caminado y padecido, escribió que “patria es humanidad”. Ninguno imaginó un continente unánime; ambos imaginaron un continente digno.
Faltan menos de tres semanas para la segunda vuelta. Es posible que Lula logre remontar, como lo hizo en 2022 frente al padre de quien hoy lo desafía; es posible también que Brasil complete su giro y que México amanezca, a finales de octubre, como el único de los grandes gobernado desde la izquierda. En cualquier caso, lo que el continente necesita no es un bastión ni un satélite, sino un país que recuerde que la diplomacia es el arte de convivir con el otro sin dejar de ser uno mismo.
Darcy Ribeiro, antropólogo, fundador de universidades y uno de los pensadores más luminosos que ha dado Brasil, dejó escrita una confesión que a veces releo cuando pienso en el sentido de la vida pública: “Fracasé en todo lo que intenté en la vida. Intenté alfabetizar a los niños brasileños y no lo conseguí. Intenté salvar a los indios y no lo conseguí. Intenté hacer una universidad seria y fracasé”. Y remató: “Pero los fracasos son mis victorias. Detestaría estar en el lugar de quien me venció”. En esa frase hay una ética entera: la de quien sabe que perder una batalla no equivale a estar equivocado, y que ganar una elección no equivale a tener razón.
Volvamos, entonces, a la bandera. Orden y progreso siguen ahí, cosidos sobre el cielo de 1889. Lo que falta es lo que Comte puso primero: el amor como principio. No el amor como sentimentalismo, sino como reconocimiento del otro, como voluntad de no destruir al adversario, como certeza de que la nación es más grande que cualquiera de sus mitades. Ese principio no lo garantiza ningún candidato. Lo garantiza, o lo traiciona, una sociedad entera. El 25 de octubre, Brasil elegirá entre el orden y el progreso. Ojalá recuerde que, sin la palabra que borró de su bandera, ninguna de las dos alcanza para sostener una patria.
