La justicia tiene una responsabilidad con la memoria. Detrás de cada expediente existen personas, familias y ausencias que el tiempo no borra. Cuando una autoridad reconoce sus omisiones y emprende acciones para repararlas, abre una posibilidad de reivindicación para las víctimas y de fortalecimiento para las propias instituciones.
Siempre he reconocido en la periodista y activista Frida Guerrera una figura sumamente importante. Durante mi gestión como ombudsman fue vital para impulsar acuerdos y acompañar a las familias de las víctimas. Una extensión de esa vinculación se vio reflejada este 26 de octubre, la cual me devolvió a uno de los episodios más significativos de mi vida pública: la Recomendación 3/2020 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, emitida el 26 de noviembre de 2020, durante mi gestión como presidente de ese organismo.
En su integración participó la Visitaduría General, cuyo titular era Víctor Delgado, quien hoy es el actual presidente de la CODHEM. Lo que entonces formulamos juntos encuentra ahora su cauce con la disculpa pública a las víctimas.
El contexto de esta recomendación es profundamente doloroso: el caso de Óscar García Guzmán, conocido públicamente como el “Monstruo de Santín”, quien ya ha recibido sentencias condenatorias. En el centro de esta historia están las mujeres víctimas de sus crímenes y las familias que, además de enfrentar pérdidas irreparables, tuvieron que exigir respuestas ante las deficiencias de las investigaciones.
Comprender ese origen permite entender por qué las familias reclamaron, con tanta firmeza, una disculpa institucional. Su exigencia comprendía el reconocimiento de las omisiones de las autoridades que debían escucharlas, investigar con diligencia y actuar oportunamente. La sanción penal al agresor constituye una dimensión indispensable de la justicia; la responsabilidad institucional exige, además, reconocer y reparar las afectaciones derivadas de una actuación deficiente.
Han transcurrido casi seis años desde la emisión de aquella recomendación, y hoy su legitimidad se confirma. La disculpa pública ofrecida a las familias demuestra que aquel pronunciamiento no fue letra muerta. Pocas recomendaciones alcanzan ese destino; esta lo logró porque se construyó con rigor jurídico, con escucha atenta y con la convicción de que la verdad institucional también repara.
Debo un reconocimiento especial a Frida Guerrera. Con una constancia que pocas veces recibe el reconocimiento que merece, ha dado nombre, rostro e historia a mujeres que la violencia quiso reducir a cifras, y ha acompañado a sus familias cuando el silencio parecía la única respuesta. Conoció este caso desde aquel año y nunca permitió que cayera en el olvido. Su labor forma parte esencial de esa memoria ciudadana que sostuvo la exigencia hasta convertirla en reconocimiento.
La investigación de la CODHEM comenzó de oficio el 5 de noviembre de 2019. Posteriormente se acumularon quejas relacionadas con desapariciones de mujeres y con la falta de avances en las indagatorias. La valoración de las evidencias permitió acreditar vulneraciones al derecho a la debida diligencia con perspectiva de género y formular recomendaciones a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
Esta posición también quedó expresada públicamente. El 10 de diciembre de 2020, Día Internacional de los Derechos Humanos, al recibir a mujeres que acudieron a la sede de la CODHEM, señalé: “La comisión se ha pronunciado a través de recomendaciones y pronunciamientos”. En aquella declaración, recogida por la periodista Ingrid Mañón en DigitalMex, hice referencia expresa a la Recomendación 3/2020 dirigida a la Fiscalía por el caso del feminicida de Santín y reiteré nuestro respaldo al movimiento de las mujeres.
Sostuve entonces —como lo señalé también en el pronunciamiento que emití como presidente de la CODHEM— que los derechos humanos pertenecen a todas las personas, con independencia de colores partidistas o creencias, y que los asuntos relacionados con la violencia contra las mujeres debían atenderse con perspectiva de género. Esa convicción dio sentido a nuestra intervención: escuchar a las familias, documentar las omisiones y exigir una respuesta institucional. Hoy mantiene plena vigencia ante la necesidad de reivindicar a las víctimas y fortalecer las actuaciones de quienes tienen la responsabilidad de procurar justicia.
Uno de los aspectos más delicados documentados fue que los familiares habían aportado información relevante para la búsqueda de una víctima, incluidos el nombre, el domicilio y el número telefónico del responsable. A pesar de ello, la actuación institucional careció de la prontitud exigible y se desatendió la activación del Protocolo Alba en los términos señalados por la recomendación.
Esa falta de diligencia tiene un significado humano que debemos comprender. Para una familia que busca a una hija, cada hora importa. Aportar información y encontrar una respuesta insuficiente profundiza la angustia y deteriora la confianza en la autoridad. Investigar una desaparición exige sensibilidad, profesionalismo y plena conciencia de que la vida de una persona puede depender de la oportunidad de las actuaciones.
Por ello, la Recomendación 3/2020 planteó medidas de rehabilitación, compensación, satisfacción y no repetición. Incluyó atención médica y psicológica, así como otras formas de atención especializada según las necesidades de las víctimas; su inscripción en el Registro Estatal de Víctimas para acceder a los mecanismos correspondientes de asistencia y reparación; la investigación de posibles responsabilidades administrativas y penales, y el otorgamiento de becas educativas a las personas identificadas en la resolución.
También estableció una disculpa institucional por escrito, con reconocimiento de los hechos y aceptación de responsabilidades, entregada personalmente a las víctimas y con presencia de un representante de la CODHEM.
Aquí se encuentra una de las dimensiones más importantes de este proceso: el valor moral de la disculpa.
Pedir perdón desde una institución implica reconocer que existió un deber incumplido y que esa omisión tuvo consecuencias en la vida de otras personas. Significa aceptar que las familias tenían razón al exigir atención, que su dolor merecía una respuesta diligente y que debieron ser escuchadas con respeto desde el primer momento.
La disculpa reivindica la dignidad de las víctimas. Reconoce públicamente la legitimidad de su reclamo y compromete a la autoridad con una manera más humana de ejercer sus atribuciones. Su fuerza moral depende de la sinceridad con que se ofrece y de los hechos que la acompañan: atención efectiva, continuidad de las investigaciones, reparación y cambios en las prácticas institucionales.
Las familias tienen derecho a que ese reconocimiento se traduzca en compromisos verificables. Su participación y su voz deben orientar las acciones destinadas a reparar las afectaciones sufridas.
La recomendación también tiene una finalidad constructiva para la policía ministerial, las y los policías de investigación y el Ministerio Público. Identificar las deficiencias permite corregir procedimientos y fortalecer cada día sus actuaciones. Una investigación sólida requiere preservar indicios, atender información relevante, actuar sin prejuicios y aplicar la perspectiva de género.
Entre las medidas de no repetición se contemplaron la capacitación especializada, la revisión trimestral de expedientes de desaparición de mujeres y la evaluación de la aplicación de las disposiciones y protocolos correspondientes, incluido el Protocolo Alba. Su propósito es que ninguna investigación quede abandonada y que las irregularidades puedan detectarse y atenderse.
Una institución adquiere mayor solidez cuando convierte lo aprendido en mejores decisiones. Cada actuación oportuna, cada expediente debidamente integrado y cada familia atendida con respeto contribuyen a recuperar la confianza social. La defensa de los derechos humanos y la eficacia de la investigación se fortalecen mutuamente.
Desde esa convicción, reconozco a la actual Fiscalía General de Justicia del Estado de México por asumir la disculpa pública y avanzar en las medidas de esta recomendación. Dar continuidad a una responsabilidad institucional y llevarla al terreno de las acciones en favor de las víctimas merece una valoración pública.
Las obligaciones de justicia permanecen a través de los cambios de administración. Asumirlas expresa compromiso con las familias y disposición para mejorar el servicio público. Los avances deben reconocerse y sostenerse hasta que las medidas se traduzcan en resultados para quienes han esperado una respuesta.
Reconocer nos reconoce. Reconocer la dignidad de las víctimas, reconocer las omisiones y reconocer el trabajo de quienes hoy contribuyen a repararlas forma parte de una misma responsabilidad ética.
Como expresidente de la CODHEM, miro este momento con serenidad y gratitud. La disculpa pública es el fruto de una ruta que trazamos con la Recomendación 3/2020: durante mi gestión documentamos los hechos, nombramos las omisiones y señalamos el camino de la reparación; hoy, con un presidente sensible al frente de la Comisión, ese camino alcanza uno de sus momentos más altos. Es la continuidad de un mismo compromiso, compartido con el personal que integró el expediente y que creyó, como nosotros, que una recomendación existe para transformar realidades.
La memoria institucional permite enlazar ese esfuerzo con la perseverancia de las familias, el acompañamiento incansable de Frida Guerrera y la disposición de la Fiscalía actual. Las víctimas deben ocupar siempre el centro de ese encuentro.
La sentencia condenatoria sanciona al agresor. La disculpa institucional reconoce el daño derivado de las omisiones de la autoridad. La reparación y las garantías de no repetición comprometen el futuro. Honrar a las víctimas exige sostener esas responsabilidades con verdad, sensibilidad y hechos.
