La tragedia de Santa María Canchesdá, en Temascalcingo, donde 11 personas murieron tras la explosión de pirotecnia, obliga a las autoridades a revisar la forma en que muchas comunidades enfrentan el manejo de los juegos pirotécnicos. A un día de los festejos patrios, cuando el uso es mayor en el Estado de México, surgen cuestionamientos: ¿quién controla y vigila los espacios donde se almacena la pólvora?, ¿quién autoriza su manejo? y ¿qué autoridad verifica las condiciones en que llega hasta los lugares donde se realizan las celebraciones?
La responsabilidad de los gobiernos municipales es la más directa. Presidentas y presidentes municipales no pueden limitarse a la autorización de los festejos y dejar todo en manos de organizadores, mayordomías o sus áreas de Protección Civil. Adrián Hernández Romero, coordinador general de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo del Estado de México, tendrá, por lo pronto, dos días de intensa actividad, pero es evidente que el gobierno estatal no puede atender todo sin la participación de los 125 gobiernos municipales. También se debe considerar cuántos cuentan realmente con personal capacitado, equipo suficiente y actualizado y protocolos efectivos frente a una emergencia.
El riesgo en las fiestas patronales
Pero el tema y el riesgo van más allá de las actividades del 15 y 16 de septiembre. Durante todo el año, con motivo de las fiestas patronales, se concentra pirotecnia en pueblos y comunidades mexiquenses. Cohetes, castillos y toritos no faltan en las celebraciones que están muy arraigadas. El material llega con mucha anticipación y se almacena en iglesias, bodegas aledañas o inmuebles cercanos a espacios con altas concentraciones de personas. Ese punto merece gran atención porque una cosa es la tradición y otra permitir que material explosivo permanezca en lugares inadecuados.
En las celebraciones participan parroquias, mayordomías, comités, fabricantes y organizadores, además de autoridades de los tres órdenes de gobierno. Cada uno sabe qué parte le toca realizar. Lo que no puede pasar de ninguna manera es que se mantenga la burocracia y se echen la bolita a la hora de determinar quién tenía que revisar qué.
Almoloya de Juárez tendrá en octubre una prueba importante porque está previsto el quinto Festival de la Pirotecnia “Fuego Art”, en San Mateo Tlalchichilpan, una comunidad productora y donde muchas familias prácticamente viven de esto. El alcalde Adolfo Solís Gómez deberá explicar cuáles son las condiciones de seguridad en este encuentro que concentra a miles de personas. Muchas familias viven de la producción de fuegos artificiales y nadie plantearía acabar con su fuente de ingresos, pero sí garantizar la seguridad; profesionalizar y ordenar la actividad resulta importante.
Tradición sí, pero no improvisación
La Conferencia del Episcopado Mexicano lamentó las 11 muertes de Santa María Canchesdá y expresó su solidaridad con las familias y las personas heridas. La propia Conferencia sostuvo que la vida y la integridad de las personas están por encima de cualquier tradición o celebración. Sus palabras ponen de alguna manera en claro la responsabilidad del lado de las autoridades religiosas. Si en las fiestas patronales se utiliza la pirotecnia y esta llega a resguardarse en inmuebles de iglesias o espacios de celebraciones religiosas, las diócesis y parroquias deben encontrar la forma de garantizar la seguridad de la población.
En Santa María Canchesdá se perdieron 11 vidas, pero sabemos que ha habido muchos accidentes más. Eso debería ser motivo para que se hable de soluciones y no solo al calor de la conmoción. Ya están aquí las fiestas patrias, después seguirán las patronales y la pólvora estará concentrada, con lo que hay mucho peligro en las celebraciones mexiquenses. No se trata de acabar con las tradiciones, sino de establecer medidas de prevención que permitan que esta siga siendo una actividad de la que viven muchas familias, pero no un elemento que enlute hogares.
