Toluca/Estado de México
Con la cifra de que ocho de cada diez mujeres privadas de la libertad en el Estado de México son madres, autoridades estatales dieron a conocer el Protocolo para la prevención y atención del derecho a la no discriminación y a una vida libre de violencia e integridad personal de la niñez con referentes de crianza en prisión.
El texto se plantea como una herramienta obligatoria para las instituciones que intervienen en esta materia y busca asegurar el cumplimiento de compromisos nacionales e internacionales en favor de la infancia.
El objetivo del documento es orientar la actuación interinstitucional desde un enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes.
Se establece que la protección integral debe alcanzarse tanto para quienes permanecen con sus madres en los centros penitenciarios como para quienes se encuentran en el exterior en condiciones de vulnerabilidad.
El marco jurídico que sustenta este protocolo se apoya en el principio del interés superior de la niñez y en la obligación de las instituciones de priorizar su bienestar en todo momento.
Entre sus alcances se contemplan medidas para determinar la custodia de niñas y niños cuando una mujer ingresa a prisión, la obligación de contar con servicios médicos especializados en pediatría y psicología dentro de los centros, diagnósticos nutricionales adaptados a cada caso y la creación de espacios de educación inicial que estimulen el desarrollo temprano.
Además, se definen protocolos específicos de atención en situaciones de violencia o discriminación y la posibilidad de solicitar un externamiento urgente cuando la seguridad de los menores esté en riesgo.
El documento también establece que la coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México y con redes familiares será indispensable para garantizar que los hijos de mujeres privadas de la libertad se desarrollen en entornos adecuados.
Para ello se regulan las visitas familiares y se obliga a que el personal penitenciario reciba capacitación continua con perspectiva de derechos humanos y de infancia.
La aplicación estará a cargo del Comité Interinstitucional para la Protección de los Derechos de la Niñez con Referentes de Crianza en Prisión.
Este organismo se integra por el Poder Judicial del Estado de México, el Consejo de la Judicatura, la Universidad Autónoma del Estado de México y el DIFEM.
Desde la Universidad participan la Rectoría y las secretarías de Docencia, Investigación y Estudios Avanzados, Difusión Cultural, Extensión y Vinculación, Finanzas y Planeación, además de la Dirección General de Centros Universitarios.
En sus consideraciones, el protocolo señala que la función pública en esta materia debe garantizar de manera prioritaria el interés superior de la niñez, así como sus derechos a la no discriminación, a la protección integral y a una vida libre de violencia, tanto dentro como fuera de los centros de reclusión.
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