En fechas recientes, y amparada por medios de comunicación y redes sociales, ha surgido una visión “revisionista” de la historia, que pretende contar “la verdadera y única” historia de México y desmitificar a los héroes de bronce de la Secretaría de Educación Pública. En un esfuerzo más patético que académico, la nueva visión “neoconservadora” baja a la categoría de villanos entreguistas a personajes como Pancho Villa, Benito Juárez y Francisco I. Madero, mientras que figuras como Porfirio Díaz, Agustín de Iturbide y Maximiliano de Habsburgo son elevadas a una categoría de semidioses.
Más allá de demostrar una verdad oculta, la nueva historia tiene los mismos vicios —o peores— que una historia maniquea repleta de héroes y villanos. Solamente que el nuevo revisionismo alaba las bondades políticas del hispanismo y el conservadurismo mexicanos, mostrando a las políticas liberales como las principales causantes del atraso económico y cultural del México moderno. Estos divulgadores, que en este espacio ya se han discutido con anterioridad, lejos de hacer un análisis crítico, sólo buscan un puñado de fuentes que corroboren sus visiones tan sesgadas.
Hacer historia es más que mostrar una “verdadera y única visión”. La historia es un proceso complejo de búsqueda, recopilación, análisis y contextualización de fuentes; asimismo, involucra una reflexión crítica y constante de las acciones humanas. En este contexto, uno de los documentos que más generan polémica es el Tratado McLane-Ocampo, un acuerdo del gobierno juarista para obtener el reconocimiento oficial del gobierno estadounidense. La historiografía neoconservadora ha repetido hasta el hartazgo el argumento de que Benito Juárez y su gobierno vendieron el Istmo de Tehuantepec a Estados Unidos, y que el tratado fue el preámbulo para poner a la venta el vasto territorio norteño, pero ¿realmente esa afirmación es cierta?
Para desentrañar la respuesta a la anterior pregunta es necesario recurrir a un análisis y descripción del contexto. En 1858, nuestro país se dirimía en una disputa bélica y política que fue fundamental en la construcción de nuestro moderno Estado-nación. Conservadores y liberales estaban enfrascados en una guerra sin cuartel. Para inicios de 1859, el bando conservador había tomado la ventaja, pero los liberales lograron establecer una tenaz resistencia basada en el combate de guerra de guerrillas a lo largo del territorio nacional. En este punto, ambos bandos buscaban la legitimación de sus gobiernos y el reconocimiento internacional en aras de legitimar su proyecto de nación.
Mientras esto pasaba en México, Estados Unidos seguía creciendo a ritmo acelerado; bajo esta óptica, obtener nuevos territorios era crucial para llevar a cabo lo antes posible el proyecto económico estadounidense. Pese al optimismo desbordado, los estadounidenses tenían sus propios problemas políticos, cada vez más visibles, entre un proyecto económico comercial basado en el trabajo de esclavos y uno industrial expansionista incompatible con la esclavitud. Para 1859, el presidente de Estados Unidos era James Buchanan, un político que blandía el expansionismo territorial como carta de presentación y que, a su vez, era un ferviente esclavista.
La adquisición de territorios era una premura para nuestro vecino país, mientras que al gobierno de Juárez le urgía el reconocimiento norteamericano para ayudarle en esta batalla diplomática que sostenía con el bando conservador. El clima era propicio para que una potencia en ascenso como Estados Unidos se aprovechara de la inestabilidad política de México. La jugada política del gobierno yanqui comenzó un 6 de abril de 1859, cuando el embajador Robert McLane reconoció al gobierno de Benito Juárez; sería éste un tenso preámbulo de las difíciles negociaciones que vendrían en los meses siguientes.
Robert McLane venía con la encomienda de conseguir cesión o venta territorial, principalmente la de Baja California, además del libre tránsito por el Río Bravo hasta el Golfo de México, así como derechos a perpetuidad por un paso a través del Istmo de Tehuantepec, con miras a la construcción de un canal o un ferrocarril interoceánico. Cabe señalar que esta última propuesta ya se había estipulado seis años atrás con la firma del Tratado de La Mesilla durante el gobierno de Antonio López de Santa Anna.
Fueron meses de intensas negociaciones, en los que el gobierno de Juárez le mandó instrucciones a Melchor Ocampo de no ceder ni un ápice de territorio, “sin importar las consecuencias”; meses en los cuales McLane empleó toda su estrategia para lograr concesiones territoriales, todas ellas infructuosas. Finalmente, el 14 de diciembre de 1859, después de arduas y difíciles jornadas, se firmó un acuerdo en el que México cedía el tránsito a perpetuidad de ciudadanos y mercancías norteamericanas por el Istmo de Tehuantepec; a su vez, se establecían otros dos pasos comerciales en el norte del país (Matamoros-Mazatlán y Guaymas-Nogales).
Entre otros puntos, el tratado le daba la responsabilidad a México de cuidar esos pasos; en caso de que el país se viera imposibilitado, pediría la entrada de tropas (previo acuerdo) para resguardarlos. De la misma forma, el tratado establecía el tránsito de tropas por las vías de comunicación antes mencionadas y el intercambio libre de mercancías que venían adjuntas en el tratado (punto que, por alguna razón, omiten algunos divulgadores). Tal escrito pronto se difundió en la prensa y fue usado como una herramienta política conservadora para acusar a los liberales de traición a la Patria.
Cabe señalar que el presente escrito no pretende encumbrar o justificar el tratado. En muchos aspectos, el documento es desventajoso y peligroso para nuestro país. No obstante, los ataques de la nueva versión neoconservadora son poco más que absurdos, ya que carecen de fundamento lógico y de rigor académico. A continuación, analizaremos someramente uno por uno para demostrar que las acusaciones de injerencia yanqui, entreguismo y cesión territorial nunca se abordaron en el tratado ni en otro documento de la época.
El primer argumento es que Juárez quiso vender el Istmo. En ninguna parte del tratado o de los documentos históricos se menciona que Estados Unidos sería dueño del paso interoceánico (como sí sucedió en Panamá) o que administraría las ganancias de éste. La otra acusación, que permitía la entrada de tropas norteamericanas para ayudar al gobierno de Juárez, nunca sucedió en realidad. El único suceso en el que se vieron inmiscuidos fue el incidente de Antón Lizardo, donde la marina norteamericana detuvo dos buques que había comprado Miguel Miramón.
Por otra parte, es necesario señalar que, contrario a lo que decenas de videos mencionan en redes sociales, no se vendió ni un centímetro de territorio nacional. El paso a perpetuidad por el Istmo de Tehuantepec no significó la venta de éste ni la insinuación para poner a la venta otros espacios nacionales. Tristemente, estas versiones han tenido mucha difusión en medios de comunicación, y personas como Juan Miguel Zunzunegui y Armando Fuentes Aguirre continúan propagando esta versión con un pobre o nulo análisis de fuentes.
La historia no es un hobby o pasatiempo del que se quiera hablar cuando uno no sabe qué hacer. Hacer, difundir y escribir historia requiere de un profundo análisis, reflexión y años de dedicación a la búsqueda de fuentes. Hacer historia no implica solamente reunir un puñado de materiales que corroboren tus obsesiones; hacer historia es un proceso que conlleva una gran responsabilidad social. En 1859, ambos bandos, conservadores y liberales, aplicaron una “diplomacia de subsistencia” y, con miras a salvar sus proyectos, hicieron acuerdos que resultaron desventajosos para el gobierno de México. En el caso del gobierno conservador, se firmó el Tratado Mon-Almonte y los infames bonos Jecker, que tendrían serias repercusiones en el futuro.
El Tratado McLane-Ocampo es un documento crucial en la llamada Reforma liberal, un documento que tristemente se ha usado para fomentar las fobias y los prejuicios de un sector social y de ciertos divulgadores que se llenan el bolsillo seduciendo incautos en redes sociales. El Tratado McLane-Ocampo es un documento que, además de ayudarnos a conocer a profundidad la historia de nuestra nación, es un buen aliciente para comprender la complejidad que implica hacer historia. Sin embargo, mientras desde las aulas no se enseñe todo lo que implica esta bella disciplina, difícilmente podremos ir más allá de las versiones de “buenos contra malos” que se enseñan en las escuelas del país.
Por Juan Manuel Pedraza, historiador por la UNAM
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