Toluca/Estado de México
Al calificar como positiva la despenalización de la interrupción del embarazo en Oaxaca, convertida ya en la segunda entidad mexicana que aprueba el aborto dentro de las 12 semanas de gestación, el ombudsperson Jorge Olvera García reiteró su llamado respetuoso a la LX legislatura mexiquense a aprobar la iniciativa de ley que se tiene en análisis, conforme a los principios de igualdad, libertad, seguridad y dignidad de las mujeres.
En el marco de la conmemoración del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, celebrado cada 28 de septiembre, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) celebró que las nuevas generaciones de mujeres se expresen y tomen posiciones respecto a su derecho a decidir sobre su cuerpo y a la justicia.
Asimismo, en relación con el pronunciamiento emitido por el Organismo, precisó: “nos pronunciamos por la discusión a fondo de forma plural, laica, basada en criterios científicos, de justicia e igualdad, para definir la aprobación; porque defendemos el derecho a la salud, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres mexiquenses, pero sobre todo el derecho a la vida de aquellas mujeres y niñas que acuden en la clandestinidad a interrumpir el embarazo y luego mueren.”
Refirió que en Oaxaca la Secretaría de Salud reveló que se practicaron dos mil 300 abortos clandestinos al año, pero podrían triplicarse con la llamada “cifra negra”; por tanto, con la despenalización Oaxaca se pone a la vanguardia no solo en legislación, sino en solidaridad y apoyo con las oaxaqueñas.
Desde hace 12 años, comenta Olvera García, sólo la Ciudad de México ofrecía esa posibilidad; en contraparte, actualmente en diez congresos estatales del país el tema no está en agenda y, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hasta agosto de 2018, las fiscalías locales tenían abiertas 427 carpetas de investigación por el delito de aborto, lo cual habla de la persistencia de la criminalización de la mujer y “es justamente lo que ya no queremos en el Estado de México.”
En la entidad mexiquense, dijo, se requiere una legislación adecuada, así como servicios y políticas destinadas a una educación sexual laica, moderna, científica y sin prejuicios, donde cada sector asuma la parte que le corresponde, pues las familias deben ser las primeras formadoras al hablar con los niños, niñas y adolescentes sin temor, mientras que escuelas, asociaciones civiles, dependencias de gobierno y agrupaciones religiosas, deben colaborar con acciones que garanticen la felicidad y la vida de las personas, no el encono ni la ignorancia.
Expuso que si bien en el Código Penal del Estado de México se establecen cuatro supuestos: resultado de una acción culposa, de una violación, peligro de muerte de la mujer o si el producto sufre alteraciones genéticas o congénitas, “sigue faltando considerar la libertad de la mujer, su derecho a decidir o a elegir la maternidad o no.”
Por ello, insistió: “estamos a favor de una ley en la que no se criminalice a la mujer, porque la interrupción legal del embarazo vendrá a solucionar no un problema de ellas, sino de salud pública; las consecuencias de legislaciones atrasadas en este tema redundan en costos que afectan a los sistemas de salud, inciden en el incremento de la mortalidad materna y se profundiza la brecha de desigualdad.”
Al alertar sobre la cantidad de abortos que se practican de manera clandestina que ponen en riesgo la vida de adolescentes y adultas, en la gran mayoría de los casos por la falta de recursos económicos, Olvera García aclaró que es urgente la aprobación de la iniciativa, respaldada por organizaciones de la sociedad civil, por mujeres que sufren el rechazo social y que fueron a la cárcel por el simple hecho de decidir sobre su cuerpo.
El Estado de México no puede ocultar ni detener la necesidad de legislar y aprobar la interrupción legal del embarazo, afirmó, ya que es la segunda entidad de origen de las mujeres que acuden a los servicios de interrupción legal del embarazo (ILE) en la Ciudad de México, pues de las 205 mil 580 pacientes atendidas de abril de 2007 a diciembre de 2018, 53 mil 992 usuarias eran originarias del Estado de México, más de la cuarta parte.
Por último, el ombudsperson mexiquense aclaró que legalizar la interrupción del embarazo “no implicará una puerta abierta a una práctica descontrolada, sino una vía al derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y a elegir o no la maternidad; decisión que merece el más absoluto respeto por ser un asunto individual, íntimo y personalísimo de cada mujer, sin que al tomarla debe ser criminalizada.”
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