Toluca/Estado de México
Formular políticas públicas para lograr la reinserción social postpenitenciaria, sensibilizar a los sectores productivos para generar empleo a quienes cumplieron sentencia o fueron preliberados, dotarles de identificación oficial, tener estándares penitenciarios homologados y contar con una política de excarcelación, fueron algunas de las propuestas presentadas por académicos, expertos y servidores públicos en la mesa de trabajo sobre Organismos protectores de derechos humanos y el sistema postpenitenciario, efectuada en el Segundo Congreso Nacional Derechos Humanos en el Sistema Penitenciario. Sistema Postpenitenciario en México.
El doctor Jorge Olvera García, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), moderó la mesa y coincidió en que las personas no deben estar encarceladas por circunstancias menores, expresando su adhesión a la propuesta del Tribunal Superior de Justicia estatal para impulsar las pre liberaciones y que las personas beneficiadas puedan reinsertarse plenamente a la sociedad.
En su participación, el director general de Derechos Humanos e Igualdad de Género de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos estatal, Martín Berdeja Rivas, destacó que el reto de las instituciones es formular políticas públicas para la inclusión postpenitenciaria y sensibilizar a todos los sectores productivos a generar fuentes de empleo a quienes salen de prisión y que haya apertura de espacios en el ámbito educativo para su desarrollo técnico y profesional; consideró también que el papel de las instituciones es garantizar el diseño e implementación de políticas públicas efectivas basadas en estudios y datos cuantitativos.
Asimismo, el subsecretario de Control Penitenciario del gobierno estatal, Manuel Palma Rangel, dijo que la crisis del sistema penitenciario en el país obedece a décadas de abandono institucional, y enunció acciones para una política nacional efectiva: cambiar la estructura organizacional; transformar la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario para lograr acuerdos realistas; modificar a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues se sigue pensando que los custodios son policías aunque su función es diferente; tener estándares homologados; generar una política de excarcelación; contar con protocolos especializados y, entre otras, promover la mediación penitenciaria, destacando también que “la reingeniería necesaria se basa en procesos, en las personas e infraestructura”.
El director general de Prevención y Reinserción Social, Jaime Echartea Mojica, lamentó que dicho sistema sea el último eslabón en la cadena de justicia y materia presupuestaria; reconoció que la prioridad debiera ser la reinserción social del individuo infractor pero cuando se alberga a 30 mil internos en espacios para 14 mil como en la entidad, la gobernabilidad es el principal problema a enfrentar; pues hay centros penitenciarios con más del 460 por ciento de sobrepoblación, por tanto, se adoptaron 44 protocolos nacionales, se aplican específicos para hombres y mujeres, y se capacitó al personal penitenciario, desde custodios hasta abogados y administrativos.
El director general jurídico y consultivo de la Fiscalía General de Justicia de la entidad, Luis Francisco Fierro Sosa, aseguró que es una asignatura pendiente, pues falta una política pública con recursos económicos que sume la voluntad de los tres ámbitos de gobierno; señaló que instituciones autónomas -como las comisiones de derechos humanos- podrían impulsar, apoyar y supervisar las políticas públicas para la mejora de la estancia en los centros de reinserción social; además, el problema es que se ve al reo “como una cosa que se guarda en una bodega y se cierra la puerta”, olvidando su derecho a la dignidad.
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