Toluca/Estado de México
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México informó que el gobierno estatal aceptó la recomendación con número 1/2019, sobre la situación de las personas que ejercen el periodismo en la entidad más
Ésta también fue dirigida a la Fiscalía General de Justicia de la entidad, los presidentes municipales e integrantes de los 125 ayuntamientos, para concientizarlos sobre la importancia de garantizar el derecho a la libertad de expresión de los periodistas así como elaborar protocolos de actuación para tal efecto.
Es así que al Poder Ejecutivo de la entidad, a través de la Secretaría General de Gobierno, se pide dar cumplimiento a las estrategias del Protocolo de Derechos Humanos del Estado de México, con perspectiva de género, y elaborar Protocolos de actuación y ejecutarlos.
A la Fiscalía General de Justicia estatal, también se pide elaborar y ejecutar Protocolos de actuación y crear una Fiscalía especializada.
A los 125 los gobiernos municipales, solicita realizar acciones en materia de inclusión normativa de los derechos de libertad de expresión y ejercicio periodístico; elaboración y ejecución de Protocolos de actuación; y brindar capacitación.
Considera las manifestaciones de agresión a las personas que ejercen el periodismo y comunicadores, siendo estas: la obstaculización, limitación o impedimento de la libertad de expresión en todas sus formas, pudiendo derivar del ejercicio de los derechos específicos de dichas personas, a través de actos u omisiones cometidos por autoridades o servidores públicos.
En cuanto a la intervención de la Comisión el protocolo detalla cada uno de los procedimientos que seguirá la Defensoría mexiquense desde el primer contacto hasta el acompañamiento y la conclusión.
El Protocolo de Actuación para la Prevención, Protección y Defensa de los Derechos Humanos de Periodistas y Comunicadores es una guía para que los poderes públicos desplieguen medidas inmediatas y urgentes para proteger a quien sufra la vulneración a sus prerrogativas.
Es un instrumento que marca una serie de pasos que guían las acciones de prevención, protección y defensa de los derechos humanos de periodistas y comunicadores, y proporciona información del marco jurídico, estrategias y políticas públicas, así como el procedimiento de queja.