Toluca/Estado de México
El Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México coincidieron en el llamado al gobierno de Metepec, con la finalidad de que cesen acciones de acoso y hostigamiento en contra de dos activistas ambientales que defendieron el Parque de San José la Pila para no ser ocupado como sede de la Guardia Nacional.
Tras la queja pública que hicieron Diana Bobadilla y Óscar Camparán Santana, sobre las denuncias que estableció ante la fiscalía el ayuntamiento en su contra, ambos organismos defensores informaron que los jóvenes recibirán asesoría y respaldo.
Por su parte, el presidente de la Codhem, Jorge Olvera García, se pronunció en contra de cualquier acto de las autoridades que busque limitar, intimidar, criminalizar o coartar la protesta pública. Así como, vulnerar los derechos y libertades derivados de la expresión, pensamiento y conciencia de las personas.
Si bien reconoció la plena disposición de la presidenta municipal de Metepec, Gabriela Gamboa para revocar el comodato del 11 de octubre de 2019 establecido en el Acuerdo 302/2019 y la aprobación del cambio de uso de suelo para destinar una hectárea del Parque La Pila, para la instalación de una base de la Guardia Nacional.
Refirió que la libertad de expresión es uno de los signos inequívocos de la persona humana y una de las exigencias más sentidas en toda sociedad, por tanto, el organismo defensor puntualiza que debe ser uno de los derechos fundamentales de más amplia protección, pues contribuye a la formación de opinión pública y conlleva a manifestar las ideas en cualquier ámbito de la vida.
El pronunciamiento destaca que “el ejercicio del derecho a participar en manifestaciones públicas y pacíficas, las disposiciones normativas no debe ser pretexto para prohibir o disminuir la capacidad ciudadana de expresar disenso y críticas, ni deben inhibir o intimidar a las minorías, activistas, colectivos o integrantes de grupos vulnerables que recurren a tales medios legales y pacíficos.”
Asimismo, se precisa que las personas manifestantes deben ejercer su derecho sin temor a sufrir persecuciones, amenazas, violencia física o represión por parte de los agentes de Estado, y advierte que bajo ninguna circunstancia, la intervención de las fuerzas públicas policiales, federales, estatales o municipales, debe desalentar el derecho de reunión pública, sino resguardarlo, ya que solo es admisible la disolución de una manifestación como protección de las personas.
Mientras que el Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” recordó que en noviembre de 2019 se notificó a los activistas sobre que fueron denunciados ante la fiscalía por el delito despojo y la semana pasada por el delito de ataques a las vías de comunicación, señalando a Diana Bobadilla Martínez y Óscar Camparán Santana, secundados por dos personas más, lo cual consta en las Carpetas de Investigación: TOL/TOL/MET/057/302908/19/10 y TOL/TOL/MET/057/329752/19/11 respectivamente.
Por lo anteriormente, hizo el más enérgico llamado a las autoridades mexicanas en todos los niveles, especialmente al municipio de Metepec para que, con fundamento en los artículos 19 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 3 y 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos garanticen la integridad física, psicológica y jurídica de Diana Bobadilla y las y los defensores del parque “La Pilita”.
