Toluca
El representante Jurídico del Ayuntamiento de Toluca, Alfredo Hurtado Cisneros, negó que haya concluido el juicio, ni recibido resolución al amparo establecido ante instancias judiciales federales para revertir la sentencia de pago por 20 millones de peso,s que ordenó un juez mercantil en el Estado de México, para cubrir el adeudo a una constructora que en 2010 ejecutó obra pública y que no le fue pagada.
“Hasta el momento no hemos recibido notificación alguna por parte de la autoridad judicial donde se tramita el amparo, si fuera desfavorable para el ayuntamiento, de acuerdo a lo planteado, todavía tenemos el recurso de queja”.
Luego de que los representantes jurídicos de la empresa Diseños y Construcciones Hermosa Provincia anunciaron que el gobierno toluqueño perdió el juicio de demanda de pago por 20 millones de pesos por la construcción de una unidad deportiva en 2010.
Precisó que la queja contra el juez mercantil que promovieron está basada en el sistema anticorrupción, que establece que si la autoridad investigadora, tras conocer una posible irregularidad hacer llegar a otro órgano el tema, debe indagar si alguien dejó de actuar en contra de la ley.
Respecto de las demandas contra funcionarios municipales de anteriores trienios, es el Contralor del Poder Legislativo quien debe resolverlo, aunque la denuncia por este caso fue interpuesta desde hace tres meses.
Hurtado Cisneros informó que actualmente cuentan con 240 juicios similares, mercantiles y los pendientes por despido injustificado, la mayoría con la misma temporalidad; es decir, de 2010 durante el periodo de la ex alcaldesa María Elena Barrera Tapia.
Desmintió que haya pendiente un juicio por desacato del mandato judicial en contra de Fernando Zamora, presidente municipal de la capital mexiquense, pues la ley establece que se trata de la intención reiterada de una autoridad para no dar cumplimiento a un mandato judicial.
“El caso particular no es, porque de acuerdo a la etapa procesal apenas se está requiriendo el pago requerido mediante un juicio donde se pretende garantizar el pago”.
Añadió que por el momento lo que llevan a cabo es la revisión a detalle si el juicio cumple con las formalidades, pues “si en una sentencia definitiva, en una etapa procesal cuando ya no se admita ningún recurso es su obligación pagar, en todo caso así será”.
“No vamos a permitir que se pretenda lucrar con un receso público, en todo caso si se pretende una empresa allegarse de recursos públicos, deberá acreditar que no hay ningún medio de defensa por parte del ayuntamiento”.
