Toluca
Alrededor de 27 mil asuntos, entre juicios y recursos, sustanciados en el Tribunal durante 2017 fueron por el programa Límite Seguro o fotomultas, aunque la mayoría de los actores (ciudadanos) promotores de los recursos abandonaron los casos, informó Myrna Araceli García Morón, magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México.
Esto significaron un “colapso administrativo” para la institución, pues usualmente al año resuelven 18 mil juicios, pero los relativos a fotomultas implicaron 40% del total atendidos el año pasado, pero únicamente en la primera y séptima sala con sede en Toluca.
“Es decir, con el mismo número de personal que sacamos todo el trabajo de las salas en la entidad en un año, hicimos lo correspondiente a estos casos en dos sedes. Implicó papel, impresoras, personal, entre otros recursos”.
Añadió que parte de las sentencias implicaron el retiro del registro de la base de datos de la Secretaría de Seguridad estatal, aunque otros únicamente pidieron la devolución del dinero pagado a la Secretaría de Finanzas.
Admitió que en algunos actores hubo desinterés, otros fueron casos de personas que trabajaban y algunos, pues no podían acudir al Tribunal, pero las oficinas permanecen abiertas de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas.
Entre noviembre de 2015 y durante 2016 esta instancia resolvió 22 mil 96 juicios, de ellos 5 mil recursos de revisión en contra de las fotomultas o programa Límite Seguro.
El Tribunal envió una base de datos a la entonces Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues la mayor parte de las 22 mil 96 juicios pedían borrar el registro, de modo que la dependencia debía cumplir y el Tribunal exigir que cumplieran con ellos e incluso en los casos donde sólo fue invalidada la multa, quedar especificado en el registro.
Explicó que varias de las promociones de recursos fueron a través de los asesores comisionados, quienes dejaban números de contacto, otros datos falsos o erróneos, pues a pesar de que debían ser notificados, negaron la información personal.
La Secretaría de Finanzas devolvió varios de esos cheques, pero debieron cancelarlos porque son documentos que tienen una vida en términos de lo estipulado en el Código Financiero, sólo pueden estar vigentes tres meses, pero los interesados nunca acudieron por ellos, entonces los cheques quedaron sin efecto
La magistrada dijo que tras declarar la invalidez de la fotomulta o una vez resuelto el recurso, intentaron llamar al ciudadano, pues obligaron a la Secretaría de Finanzas y a la entonces Secretaría de Seguridad Ciudadana a borrar los reportes y devolver los montos pagados, en eso consistía la condena.
Precisó que los registros sobre las fotomultas debieron ser borrados, aún si algunas personas no solicitaron específicamente en su demanda este punto; sin embargo, hay casos en los que únicamente pidieron la invalidación de la multa que incluso no estaba pagada por el conductor.
García Morón reconoció que entre quienes dejaron olvidado el cheque, había personas con hasta cuatro infracciones o fotomultas, por lo que el monto devuelto por la dependencia estatal no era elevado.
Los actuarios cumplieron con la notificación a los asesores comisionados del Tribunal, pues muchos actores dieron como dirección la secretaría, de manera que los particulares debían regresar a estas oficinas a conocer la resolución.
Los actores que no dieron seguimiento ya no pueden regresar por su cheque, pues el Tribunal ya lo dio por cumplido toda vez que a pesar de que la secretaría llevó el recurso a las oficinas, no hubo quien lo recogiera.
