Zinacantepec
Ejidatarios de Santa María del Monte, municipio de Zinacantepec denunciaron la tala clandestina en al menos cinco parajes del Nevado de Toluca, además del desvío de recursos que les fueron asignados para el cuidado de los bosques en el Xinantecatl por parte del comisario ejidal, Gerardo Nava Sánchez.
Jesús Retama, ejidatario de la region explicó que desde hace siete décadas, la familia de este comisario ejidal tiene la representación de los propietarios de los bosques de esta zona aledaña al volcán; sin embargo, fue durante el último periodo que identificaron la tala ilegal en la región, afectando directamente a los propietarios de la tierra.
Por tanto, establecieron denuncias ante la Secretaría de la Función pública número FI1DACV1011777/2017, también en el órgano de control interno de la Secretaría de Medio Ambiente, la Procuraduría Agraria por el desvío de recursos federales, tala ilegal, venta de vehículos y maquinaría pertenecientes al ejido, sin autorización de los ejidatarios, además de la venta ilegal de terrenos.
“La autoridad no ha hecho caso para proseguir con esta denuncia, a pesar de que está completamente rasurado el bosque de esa región. Nadie nos hace caso, no nos toman en serio no obstante haber llegado a exponer esta situación, incluso en instancias federales directamente”, alegó.
El abogado Miguel Díaz Arévalo indicó que solicitaron información a la Protectora de Bosques (Probosque), para conocer los recursos entregados al comisariado ejidal en los programas de protección al ambiente, cuidado de los bosques y de una
cifra superior a los 80 millones de pesos que recibieron, sólo cuatro millones de pesos fueron pagados a los ejidatarios.
Precisó que del 2014 al 2017, la Protectora de Bosques y la Comisión Nacional Forestal entregaron ese recurso para reforestar mil hectáreas, cada instancia subsidió la mitad con un total de 80 millones de pesos, pero nunca fueron sembrados los árboles que entregó la CONAFOR, pues los arrojaron en un predio empaquetados y embolsados.
“No tenemos, por ejemplo, el monto sobre lo que donaron asociaciones y organizaciones civiles, además de empresas privadas que acuden para entregar recursos y recuperar los bosques”, demandó.
Los parajes afectados agrupan 800 hectáreas de Barranca Colorada, Cerro Prieto, Agua Limpia, El Gachupín y El Mirador, justificando que son árboles con plaga los que deben derribar, aunque es falso, pues no en su totalidad están enfermos; no obstante, el ex delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), se negó a llevar a cabo una revisión.
“Hay complicidad con autoridades estatales y federales, porque a pesar de la serie de denuncias interpuestas ante las instancias de todos los niveles no hay solución a los reclamos, a pesar de que hemos documentado todo lo que nos solicitaron para fundamentar la demanda”, agregaron.
Alegaron que los daños al medio ambiente son graves, pero más el “robo” del que son responsables, pues con el dinero de los posesionarios de los predios, construyeron conjuntos departamentales y otras obras en beneficio único de la familia del comisario ejidal.
Desconocieron la forma en que fueron autorizadas las partidas presupuestales para apoyar a este comisario ejidal, sin haber comprobado el ejercicio del recurso anterior, así como la siembra de árboles a la que estaban obligados, pero solicitaron apoyo de las autoridades para investigar y sancionar a los responsables de los ilícitos denunciados y realmente recuperar las hectáreas afectadas.
