Toluca/Estado de México
Hace cinco semanas, Adriana González y su familia ingresaron a un familiar al Centro de Rehabilitación de Alcoholismo y Drogadicción "Emperadores San Mateo Otzacatipan", en Toluca, con la esperanza de que pudiera superar una adicción, sin embargo, lo que encontraron fue un panorama alarmante que los llevó a la decisión de sacar a su paciente, pero hasta ahora no lo han conseguido.
¡Alerta! Cierran Nevado de Toluca por clima extremo
Adriana relata que, según las reglas del centro, la primera visita debía realizarse un mes después del ingreso, fue entonces, el pasado 22 de diciembre, cuando tuvieron acceso a su familiar, se percataron de una serie de irregularidades que considera graves.
"Nos comentó varias cosas preocupantes y, en un descuido de los cuidadores, pudimos confirmar que los tienen encerrados con candado, en condiciones insalubres. La cocina está en mal estado, el agua para beber no es apta y los baños no tienen agua", detalló.
La denunciante mencionó también que los internos duermen en colchonetas en cuartos sin iluminación y que existe un espacio llamado “el calabozo”, donde presuntamente castigan a los pacientes.
“Es un cuarto muy pequeño, sin luz, donde solo les meten un bote para sus necesidades, nada de lo que prometen es cierto, no hay personal calificado ni apoyo psicológico, y sí cobran mil pesos al ingreso más 350 pesos semanales", agregó.
Adriana y su familia solicitaron sacar a su familiar tras comprobar estas condiciones, pero los encargados del centro se negaron y reaccionaron de manera agresiva.
"Nos dijeron con palabras altisonantes que no nos pasáramos de la raya y que los internos siempre mentían, cuando insistimos, se pusieron más agresivos, llamaron a otras personas y hasta intentaron cerrarnos el paso para evitar que saliéramos", narró.
Además, señaló que las amenazas incluyeron daños a su vehículo.
"Nos dijeron que, si insistíamos, iban a quemar mi camioneta, esto nos preocupa aún más porque no sabemos lo que les puedan hacer a los internos después de estas denuncias", expresó.
Adriana hizo un llamado a las autoridades para que revisen regularmente estos centros y aseguren que cumplan con las normas de higiene y derechos humanos, y a la ciudadanía a que tome precaución de estos espacios.
“No crean en todo lo que les dicen, estas condiciones no rehabilitan a nadie, solo los dañan más. Es urgente que se tomen medidas para evitar que más personas sufran lo mismo", concluyó.
La denuncia ya fue presentada ante el Ministerio Público, y la familia está a la espera de que las autoridades actúen para garantizar la seguridad y el bienestar de los internos.
Apenas en diciembre de 2023 en el Congreso local se propusieron reformas para que los centros de tratamiento contra las adicciones en la entidad fueran verificados, inspeccionados y vigilados por la Secretaría de Salud y, de ser el caso, puedan ser clausurados, por poner en riesgo la vida e integridad física de sus pacientes, sin embargo, la iniciativa no prosperó.
