Toluca
El comisionado de los Derechos Humanos en el Estado de México, Jorge Olvera García, afirmó que no hay en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) ningún tipo de corrupción ni fraude, tampoco malos manejos, toda vez que cumplieron, solventaron y atienden todo lo indicado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), dado que los convenios firmados señalados como ilícitos fueron signados por la administración que lo antecedió al frente de la Máxima Casa de Estudios.
Advirtió además que no dejará ningún cargo como lo sugirió el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, los mismos que lo acusaron previo a ser nombrado como ombudsman de ser unilateral o apegado a un partido político.
Recordó que en 2015 y 2016 inhabilitaron a quienes firmaron los convenios, es el mismo “modus operandi” que aplicaron Hugo Manuel del Pozo y Enrique Fichl, a quienes se les acusa de ser responsables por el incumplimiento de contrato con el gobierno de Oaxaca.
Puntualizó que fue un exceso de atribuciones, pero cuestionado sobre si recaería la responsabilidad en el ó en el ex rector Eduardo Gasca, dijo que la institución siempre debe dar la cara, como lo hizo en su oportunidad “y lo seguiré haciendo pero con información objetiva, veremos si se me requiere con la ASF.
“El 90 por ciento de los convenios no los firmó Jorge Olvera, no rehuyo de la responsabilidad que pudiera tener en un momento dado la Universidad, no la tiene, no se menoscabó un peso su presupuesto, también tenemos la OSFEM, la COntraloría Universitaria, somos la institución más auditada en el país”.
En relación a la publicación que hacen medios nacionales e internacionales que lo acusan de hacer fraude con el presupuesto del Fondict, aclaró que en junio de 2013, personalmente no había firmado ningún convenio con el gobierno mencionado y corresponde a un Tribunal Jurisdiccional acreditar la responsabilidad.
“Los diarios de circulación nacional que publicaron este tema no consignaron que iniciamos las investigaciones ante la PGR, delegación estatal, para consignar información sobre los contratos fraudulentos y las empresas fantasma, además de coadyuvar con la Auditoría para apoyar las denuncias penales hechas a nivel nacional”.
Agregó que hay una mala lectura de los datos, falta de objetividad, pidió cuestionar a las entidades federales, puesto que hay documentos que en la publicación no fueron presentados.
“La Ley de Adquisiciones permitió hacer uso del Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (FONDICT-UAEM) desde hace 35 años, que es para soportar las investigaciones, su extinción se analiza junto con la Auditoría Superior de la Federación”.
