Los ombudsperson del país exigieron esclarecer el asesinato del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur, Silvestre de la Toba Camacho y que se fortalezca el mecanismo de protección de los defensores públicos, a fin de que la ciudadanía no sea vea afectada a partir de las agresiones contra éstos.
Durante el homenaje póstumo al defensor estatal de Baja California Sur, al que asistió el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Jorge Olvera García, el presidente de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos y presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo, Harley Sosa Guillén, dio lectura al pronunciamiento emitido hace unos días, en el que condenaron el crimen y reclamaron una investigación inmediata y a fondo para localizar a los responsables del homicidio, a fin de presentarlos ante la autoridad competente para que el hecho no quede impune.
Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, lamentó que a 27 años de existencia de la CNDH y los 25 que en promedio tienen las comisiones estatales, se enfrente el artero crimen contra un defensor público, por lo que pidió entender y difundir la naturaleza del ombudsman, que sólo busca que se cumpla la ley y se respete la dignidad de las personas, además de llamar a que no se aliente la estigmatización de quienes defienden los derechos humanos.
Respaldado por los ombudsperson del país, detalló que durante el homenaje póstumo, acordaron que la Federación elaborará un informe sobre la defensa de los derechos humanos en el país, y reclamaron que se fortalezca el mecanismo de protección de los defensores.
“Cuando se ataca al comunicador se lesiona no solamente al presente, sino el mensaje es de intimidación hacia los demás comunicadores, pero también a la sociedad. En este caso hay una analogía, pero lo dijo el presidente de la federación, esto nos hace y nos fortalece para seguir exigiendo el respeto a los derechos humanos”, explicó.
En ese sentido, determinaron que en cada entidad federativa, de manera coordinada entre las autoridades y el ombudsperson, se discutan las condiciones con las que deben contar los defensores del pueblo para el ejercicio de sus tareas y donde sea necesario, se emitan las medidas cautelares de común acuerdo entre ambas partes, según las particularidades de cada caso.
Por último, dijo que los defensores de derechos humanos confían que tendrán respuesta de las autoridades, a los legítimos deseos y derecho a la justicia, ante el planteamiento respetuoso que hacen, con el ánimo que siempre caracteriza a los ombudsperson, de buscar soluciones y coadyuvar a encontrar respuestas a los grandes problemas del país, como lo es el respeto a los derechos humanos.
DIGITALMEX PERIODISMO CONFIABLE