A fin de determinar las normas para obtener, administrar, procesar y utilizar la información registral y catastral, el Senado de la República aprobó el dictamen que expide la Ley General para Armonizar y Homologar los Registros Públicos Inmobiliarios y de
Personas Morales y los Catastros.
Así buscan brindar certeza jurídica de los derechos de propiedad de los inmuebles y establecer los lineamientos generales para la administración de una Plataforma Nacional de Información Registral y Catastral que articule la información de la propiedad privada, publica y social.
Establecen las normas, bases y principios que armonicen y homologuen la organización y el funcionamiento de los Registros Públicos Inmobiliarios, de las Personas Morales y los Catastros en el territorio nacional.
La Ley crea el Consejo Nacional de Armonización y Homologación Registral y Catastral, que será el órgano de coordinación interinstitucional y podrá emitir las normas y lineamientos para la
armonización, homologación e interoperabilidad de la organización y el funcionamiento de los Registros Públicos Inmobiliarios y los Catastros.
Las entidades federativas y municipios adoptarán e implementarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, las decisiones que determine el Consejo.
Además se mandata a las entidades federativas y a los municipios a diseñar programas para la homologación y armonización de sus Registros Públicos Inmobiliarios y Catastros, a efecto de permitir su
modernización y vinculación, de acuerdo a su disponibilidad presupuestaria.
La senadora Cristina Díaz Salazar, presidenta de la Comisión de Gobernación, expuso que los registros
públicos de la propiedad y los catastros son herramientas fundamentales para el funcionamiento del sistema económico mexicano, pues contribuyen a brindar seguridad jurídica sobre los bienes inmuebles y las personas morales o civiles.
El senador Jorge Aréchiga Ávila, del PVEM, comentó que con esta Ley se permitirá la obtención y ubicación de planos para el desahogo de litigios vinculados con la propiedad inmobiliaria, da certeza y velocidad a la entrega de información y ayudará a las autoridades
administrativas a determinar deslindes, servidumbres de paso o fraccionamiento de inmuebles de manera más sencilla.
En contra, la senadora Pilar Ortega Martínez, del PAN, consideró que la Ley contiene “ámbitos invasivos” a las entidades federativas, ya que el Consejo generará criterios de actuación, donde los estados y municipios estarán fuera.
Su compañero de bancada, el senador Juan Carlos Romero Hicks manifestó su voto en contra porque no se tomó en cuenta en la Ley a los notarios, quienes serán los actores más directos en este tipo de trámites.
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