Tras el desplazamiento del ex presidente de la Generalitat, Charles Puigdemont, de Bélgica a Dinamarca, la Fiscalía de España solicitó al Supremo emitir una orden europea de detención en su contra.
El juez Pablo Llarena rechazó la petición de la Fiscalía debido a que los resultados que buscan obtener puedan ser contraproducentes. Desde su perspectiva, considera que el traslado de Puigmdemont es una provocación para poder justificar su ausencia el día del pronunciamiento.
En su argumentación, Llarena recurre al informe jurídico del Parlament, quienes han rechazado la posibilidad de que el presidente de la Generalitat pueda ser elegido sin asistir al pleno de investidura.
El magistrado piensa que Puigdemont pretende utilizar su encarcelamiento como una herramienta para obtener el nombramiento, de esta manera evitaría someterse a la jurisdicción nacional y podría seguir oponiéndose a la extradición desde el extranjero con la esperanza de que ésta pueda anularse.
El instructor del Supremo opta por posponer la euroorden a un momento "no necesariamente lejano", aunque aclaró que no lo hará hasta que en Cataluña haya un nuevo Govern.
Así, el juez afirma que la orden solo debe dictarse cuando "el normal funcionamiento parlamentario no pueda resultar afectado por su emisión".
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