La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de desechar la controversia constitucional presentada contra la Ley de Seguridad Interior, fue impugnada por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, consideró notoriamente improcedente la controversia, debido a que no tiene legitimación para recurrir por ese medio de control constitucional una ley federal. Además, admitió la impugnación que presentaron los municipios de Nezahualcóyotl, Estado de México, Yucatán, Puebla y emplazó a otros siete ayuntamientos.
El colectivo "Seguridad sin Guerra” en conjunción con organizaciones de derechos humanos exhortaron a los ministros de la Suprema Corte a declarar como inconstitucional la Ley de Seguridad Interior ya que viola diversos derechos humanos y transgrede el orden federal.
“La Corte tiene el desafío de ser el contrapeso democrático necesario para declarar inconstitucional esta ley que normaliza el uso del Ejército y Marina en tareas de seguridad pública a costa de la seguridad ciudadana” afirmó el colectivo.
El asunto será otorgado a otro ministro de la SCJN para que analice las demandas de la Comisión de Derechos Humanos capitalina y pueda determinar su rechazo o admisión al Pleno.
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