El gobierno francés aprobó una nueva ley inmigratoria que busca acelerar la expulsión del país a quienes no cuentan con la documentación requerida y convertir el cruce ilegal de fronteras en un delito que se castigaría hasta con hasta un año de cárcel.
El proyecto impulsado por el presidente, Emmanuel Macron, buscó también la reducción de 14 a seis meses el plazo para tramitar peticiones de asilo y un aumento, de 45 a 90 días, al período de retención para aquellos en proceso de expulsión, con la finalidad de otorgar más tiempo a las autoridades para negociar la repatriación.
Sin embargo, el mayor control migratorio va de 16 a 24 horas, el tiempo que puede ser detenida una persona para la verificación de sus papeles, multas de hasta 75 mil euros, y cinco años de cárcel para quienes presenten documentación falsa.
“No es un acto aislado, sino una ampliación de una política migratoria brutal que se traduce en expulsiones diarias en la frontera, prácticas abusivas o ilegales durante detenciones, actos de violencia, confiscaciones de bienes a los sintecho” expresó la ONG, Climade, que consideró “un retroceso” la aprobación de la ley.
El proyecto será analizado en la Asamblea Nacional del Consejo de Ministros en Francia, donde se debatirá el aumento al flujo migratorio, debido a que tan solo en 2017, más de 100 mil personas solicitaron asilo en el país y otras 85 mil fueron rechazadas.
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