Tras las investigaciones inconsistentes de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa en 2014, la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) decidió examinar el proceso de búsqueda por parte de la PGR.
La versión oficial sobre el caso Ayotzinapa dice que los 43 estudiantes fueron entregados por policías municipales a una banda criminal quién los ejecutaría para después calcinarlos y tirar los restos un basurero cerca del río San Juan en Iguala, Guerrero.
Después de analizar dicha declaración, la Oficina del Alto Comisionado encontró en los expedientes judiciales y pruebas médicas que al menos 34 personas de las 63 imputadas en la desaparición de los estudiantes, habían sido torturadas.
Gracias a las entrevistas con autoridades, detenidos y testigos, las declaraciones apuntan que a partir del 5 de octubre, momento en que la PGR toma las riendas de la investigación, comenzaron las violaciones a los derechos humanos con las detenciones realizadas por personal de esa Procuraduría , la Policía Federal y la Secretaría de Marina.
Zeid Ra’ad Al Hussei, Alto Comisionado para los Derechos Humanos, urgió a las autoridades mexicanas a “garantizar la búsqueda de la verdad y la justicia en el caso Ayotzinapa. Llevar ante los tribunales a los responsables de las torturas y otras violaciones de derechos humanos perpetradas durante la investigación”.
Los familiares de los estudiantes llevan casi cuatro años en la lucha para que se haga justicia.
DIGITALMEX PERIODISMO CONFIABLE