Ciudad de México
Ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), incluida su presidenta Norma Piña Hernández, han anunciado que presentarán su renuncia, efectiva a partir del 31 de agosto de 2025, para evitar participar en la elección programada para junio de 2025.
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Esta decisión busca facilitar que los ciudadanos elijan a los nuevos integrantes del Alto Tribunal.
Los ministros que presentarán su renuncia son: Norma Piña, Luis María Aguilar, Javier Laynez, Juan Luis González Alcántara, Alberto Pérez Dayán, Margarita Ríos Farjat, Jorge Mario Pardo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Por otro lado, las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres han expresado su interés en permanecer en sus cargos.
El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena renunció a la SCJN a través de una carta enviada al Senado, detallando que su dimisión surtirá efecto a partir del 31 de agosto de 2025.
En su carta, indicó que se enfrenta a una reforma constitucional que acorta su mandato, y se le presentan dos opciones: someterse a un proceso de elección popular o presentar su renuncia.
Afirmó no considerarse un candidato adecuado para un cargo que dependa del apoyo popular y enfatizó que su función judicial no consiste en validar la voluntad de las mayorías, sino en resguardar los derechos de quienes más lo necesitan.
La notificación formal de estas renuncias debe entregarse en la Oficialía de Partes del Senado antes de la fecha límite del 30 de octubre de 2024. Aquellos que no presenten su declinación serán considerados en la lista para el nuevo Pleno de la Corte.
Con esta renuncia, los ministros accederán a su haber de retiro, calculado con base en su tiempo de servicio en la SCJN.
Además, se contempla que los ministros renunciantes busquen la invalidez de la reforma que establece la elección por voto popular de jueces y magistrados, aunque mantendrán este formato para la selección de ministros y magistrados electorales.
Esta semana será crucial, ya que la Cámara de Diputados votará sobre la iniciativa de supremacía constitucional, que podría proteger la reforma judicial de impugnaciones.
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