La Comisión de Derechos Humanos del Senado y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), llevó a cabo el foro “a diez años de la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, donde resaltaron los avances que se ha tenido en materia de inclusión social.
“No hay pretexto para que la política pública y las acciones gubernamentales y federativas se abstenga de cumplir la inclusión plena y considere como sujetos de derecho a las personas en esta condición”, afirmó la senadora perredista, Angélica de la Peña Gómez, en la celebración del evento.
Por otra parte, el presidente y fundador de la asociación civil Libre Acceso, Federico Fleischmann, señaló que “se logró un avance para reconocer que el cambio no ha sido suficiente”, ya que las personas con discapacidad, que México registra siete millones de personas, viven en un entorno “inaccesible”, desde la infraestructura arquitectónica y urbana hasta el ámbito social y cultural.
Jan Jarab, representante en México de la Oficina para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, destacó que la Convención es un documento moderno, sin embargo, no ha tenido el efecto transformador debido a que las autoridades no han entendido sus implicaciones en el ámbito cultural, ya que “siguen tratando la discapacidad como un problema que se resuelve dando dinero y no derechos humanos”.
Finalmente, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos recordó que una de las primeras reformas que se impulsó en el Senado fue la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, con la finalidad de ampliar la definición de discriminación, extender el ámbito protector y garantizar la implementación de políticas públicas que fomenten el respeto al derecho de igualdad y no discriminación.
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