El gobierno español inició los trámites para trasladar a prisiones catalanas, en un período de 10 días, al ex presidente de la Generalidad Carles Puigdemont y los 24 líderes políticos que serán procesados por delitos de rebelión y malversación de fondos públicos tras el referéndum independentista del primero de octubre.
El juez del Tribunal Supremo de España, Pablo Llarena, señaló que “no ve impedimento” en la decisión de traslado de los acusados ya que está sujeta a “los criterios penitenciarios de prisiones de Cataluña” quienes serán los que elijan que líderes y a qué prisión deberán ser enviados.
El Ministerio de Justicia afirmó que estas medidas son un “protocolo ordinario” de los trámites de traslado donde anunció que los dirigentes independentistas serán custodiados por la Guardia Civil ya que viajarían en “situación de prisión provisional”.
Por su parte, Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, expresó su respaldo al traslado de los políticos catalanes argumentando que de esta forma “podrán estar más cerca de sus abogados para preparar el juicio”.
Una vez que haya constancia del proceso de traslado de los 25 líderes, las Instituciones Penitenciarias deberán elaborar un informe sobre su situación familiar y vinculación con el movimiento independentista de Cataluña, así como la ubicación de sus traslados a los centros penitenciarios.
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