En la columna de este medio “Anótelo”, se tocó uno de los grandes pendientes del transporte público en el Estado de México, que es la falta de unidades adecuadas para personas adultas mayores, con discapacidad o con alguna lesión temporal. No es nuevo; es una realidad que vemos todos los días en combis y autobuses, donde subir es complicado por lo alto del primer escalón, sostenerse de donde se pueda y confiar en que el chofer tenga la paciencia para esperar. Con demasiada frecuencia no la tiene. Los accidentes son constantes, sobre todo de mujeres mayores que resultan lesionadas cuando el conductor arranca antes de que terminen de ascender o descender. Hay hombres que hasta suben “al vuelo”, es decir, mientras el vehículo ya está en movimiento.
En una entidad que moviliza a más de 17 millones de personas y donde millones dependen exclusivamente del transporte concesionado, la movilidad se basa en una lógica de urgencia y no de derechos. El Estado de México es la entidad más poblada del país y también de las que concentra mayor número de personas en situación de vulnerabilidad. De acuerdo con el Censo 2020 del INEGI, viven cerca de 1.9 millones de personas de 60 años o más. A estas se suman más de un millón de personas con algún tipo de discapacidad permanente, muchas con limitaciones físicas que les dificultan subir a unidades altas y sin adaptación. Y no se trata de grupos minoritarios, como luego quieren hacerlo ver: hablamos de millones.
Una acción que debe considerarse urgente para los más vulnerables
Es una omisión de toda la vida. Durante años se permitió que el parque vehicular envejeciera, que circularan unidades sin condiciones mínimas de seguridad y que la rentabilidad del concesionario estuviera por encima de la integridad del pasajero. Las caídas dentro de las unidades, los frenazos bruscos y los arranques intempestivos son parte del paisaje diario. Normalizado, al fin y al cabo. Pero cuando quien cae es una persona adulta mayor o alguien con movilidad reducida, las consecuencias son golpes, fracturas, hospitalización o, en algunos casos, hasta la muerte.
Algunas asociaciones civiles han llamado a la gobernadora para que la Secretaría de Movilidad obligue a los concesionarios a renovar el parque vehicular con unidades adaptadas y seguras. No piden lujo ni modernidad ostentosa. Exigen rampas, piso bajo, espacios para silla de ruedas, barras de sujeción adecuadas y protocolos claros para que el conductor no arranque hasta que el usuario esté seguro.
En otros países es estándar
El contraste con otros sistemas es muy evidente. En ciudades de Estados Unidos, por ejemplo, los autobuses están equipados con rampas que se despliegan automáticamente para permitir que las personas en silla de ruedas suban y bajen a ras de la banqueta. Las unidades cuentan con espacios designados y mecanismos de sujeción, y el operador está obligado por ley a garantizar el abordaje seguro. No es una concesión, sino cumplimiento normativo derivado de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA), vigente desde hace más de tres décadas.
El Estado de México no parte de cero. Los sistemas como Mexibús y Mexicable han incorporado infraestructura más accesible y la gratuidad para ciertos sectores. El problema es que la gran parte de los traslados diarios son en autobuses normales, sin el mínimo espacio adecuado, en los que la modernización avanza a paso lento, pero además sin obligatoriedad para los concesionarios. Pero, hasta el momento, nadie ha aplicado mano firme para condicionar concesiones y que se cuente con este tipo de unidades.
Garantizar transporte digno no es un gasto necesario y urgente, es una inversión que representa justicia social. En un estado donde casi dos millones de personas son adultas mayores y más de un millón viven con alguna discapacidad, la falta de unidades accesibles no es un “pequeño detalle”; se le llama exclusión. La movilidad segura no puede depender de qué humor se encuentra el chofer, ni de su buena voluntad, mucho menos del buen equilibrio del pasajero o sus reflejos.
