La Organización de Naciones Unidas (ONU) y 13 países latinoamericanos exigieron al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, el cese inmediato a la violencia y la represión en contra de las manifestaciones, así como el desarme a los grupos paramilitares que han dejado más 300 muertos.
“Es evidente que hay un uso letal de la fuerza por entidades ligadas al Estado que no es aceptable. Por eso mismo es importante que termine la violencia y que el diálogo político permita encontrar una solución inclusiva”, expresó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.
Por su parte, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay publicaron un comunicado conjunto en el que denuncian “la violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales” durante las protestas en contra del gobierno nicaragüense. Así mismo exigieron la celebración de elecciones “libres de miedo, intimidación y amenazas”.
La Asociación Pro Derechos Humanos de Nicaragua aseguró que al momento calculan alrededor de 351 personas fallecidas y miles de heridos desde que iniciaron las protestas, registrando el doble de muertes, en tan solo tres meses, que en la represión en Venezuela durante todo un año.
Finalmente, la vicepresidenta y esposa de Daniel Ortega, Rosario Murillo, afirmó que el gobierno actuó para “restaurar la paz” en el país, señalando que el golpe en su contra es “un plan terrorista impuesto por una minoría llena de odio, acompañada de una falsa campaña mediática que no logrará nada”.
Este comunicado conjunto aparece después de que las fuerzas militares fieles al presidente tomaran la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) y avanzaran hacia el pueblo rebelde de Masaya, donde buscarán desmantelarlo antes del próximo jueves debido a que se llevará a cabo la celebración por el aniversario de la revolución sandinista.
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