Han llegado a este espacio algunos correos reclamando que en las últimas publicaciones hemos dedicado estas líneas para ‘atacar’ al presidente Andrés Manuel López y su Cuarta Transformación. A lo que respondo dos cosas: en mi derecho de opinar estoy y los de la autodenominada 4T se ponen de a pechito, porque una tras otra trastada.
Y no me importa que muchos sigan en el idilio propio de la luna de miel de la promesa del cambio, pero la verdad de las cosas es que sus decisiones populacheras ya provocan el desperdicio de millones de pesos, dinero de los mexicanos, y todo ello por mero capricho.
Ahí tenemos el caso de cancelar la construcción del NAICM, decisión que nos va a costar entre 60 mil millones de pesos (estimados por el equipo de López Obrador) hasta los 198 mil millones de pesos, si se cuenta el costo de la cancelación más el dinero que se requiere para un nuevo proyecto, según el Grupo Bursátil Mexicano (GBM).
Pero lo más reciente, y sin duda más severo para el bolsillo de los mexicanos en amplios aspectos, es la decisión de cerrar los ductos de Pemex con el fin de evitar el robo de combustibles (huachicoleo); en su lugar, se usarán pipas, como en épocas de antaño.
Esta decisión, de acuerdo a la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (AMEGAS), es 14 veces más cara en comparación al transporte por ductos, por lo que de mantenerse esta logística, se seguirá afectando el abasto en diferentes zonas del país, pues no se trata de una caída en la producción, la falta de importación o incluso la afectación por tomas clandestinas, sino a que no se está utilizando la red de ductos.
No hay cifras que revelen con certeza el incremento del costo por concepto de distribución, pero lo que sí podemos atestiguar son las miles de familias mexicanas que han vista afectada su operatividad por el desabasto de combustibles.
Es loable que el gobierno obradorista busque frenar el huachicoleo, pero con un plan bien instrumentado; sin embargo, a todas luces se nota la falta de estrategia ya que los primeros afectados son los mexicanos que cometieron el gran delito de tener un automóvil.
Lo ideal hubiera sido garantizar el abasto, por pipas, con su consecutivo plan de rutas, y luego cerrar los ductos. Pero no; poco les importó el impacto que ello tendría en la población, sobre todo aquellos sectores que dependen del transporte privado para mover sus negocios, para cumplir con horarios o para asistir a recibir tratamientos médicos, por decir algo.
Y saben qué es lo más incomprensible, la indiferencia de nuestro Presidente, que en la comodidad típica del poder, no padece, ni de broma, de los inconvenientes generados por una decisión sin planear, y sin pensar en los mexicanos que tienen en su medio de transporte la forma de ganarse la vida.
No estaremos, jamás, a favor de la ilegalidad, pero el respeto al Estado de derecho no se consigue, necesariamente, llevándose entre las patas a la población, porque hasta donde yo sé, los ciudadanos son los únicos sacrificados, porque un detenido de la presunta banda de funcionarios que vivían del huachicoleo no he visto.
