Entre los meses de julio y agosto de 2025, el costo total de la canasta básica alimentaria fue, en promedio, de mil 992 pesos con 21 centavos, lo que significó un aumento de 13 pesos con 06 centavos con respecto al bimestre anterior, de acuerdo con las mediciones más recientes en torno a los efectos inflacionarios en el consumo.
Sin embargo, contrario a solventar la difícil realidad económica para las familias mexicanas, la Cámara de Diputados federal avaló, en mayoría, una escalada en el costo de los impuestos para el siguiente año.
Por un lado, los legisladores aprobaron la nueva Ley de Derechos, encareciendo al menos 26 servicios que presta el Estado, entre ellos el costo de pasaportes, entradas a museos, peajes en autopistas y otros trámites esenciales.
A esto se suma el tan debatido aumento al IEPS en bebidas saborizadas y cigarros, un impuesto que ha demostrado no ser una estrategia efectiva para desalentar su consumo y que, en la práctica, solo es una carga fiscal adicional que el ciudadano promedio debe absorber sin opción, pareciendo responder más a una necesidad recaudatoria que a cualquier otra.
Y ni qué decir de los aumentos de impuestos municipales, como el predial y por el servicio de agua potable, que ya se cocinan desde las legislaturas estatales.
Estos aumentos serán aplicados de golpe y de manera simultánea a partir del 1 de enero de 2026.
Todo indica que la próxima cuesta de enero será especialmente complicada, marcada por la incertidumbre económica, la persistente inflación alcista y el encarecimiento de productos y servicios básicos a los que todo hogar incurre.
