Hay preocupación en diferentes círculos de defensores de los derechos humanos en México por el rumbo que podría tomar la digitalización de la identidad ciudadana, particularmente con la implementación de la nueva CURP biométrica impulsada durante la presente administración de Claudia Sheinbaum.

Ello, puesto que toda política pública debe sujetarse a los principios fundamentales de legalidad, privacidad, proporcionalidad y rendición de cuentas, mismos que no cumple esta CURP, ante la falta de un marco jurídico sólido y transparente que la norme.

Este nuevo sistema de identificación —que almacenará huellas digitales, iris, fotografía facial y firma electrónica— carece de controles democráticos, supervisión autónoma y mecanismos de reparación del daño en caso de filtraciones o uso indebido, lo que abre la puerta a prácticas de vigilancia arbitraria, suplantación de identidad y violación al derecho a la privacidad.

Centralizar los datos biométricos de toda la población debe realizarse con absoluta planeación y responsabilidad, escenario que queda en duda tomando en cuenta que, durante el sexenio anterior, se vulneraron las bases de datos de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como de la Presidencia de la República, revelando la debilidad estructural en materia de ciberseguridad del Estado mexicano.

He ahí la relevancia de informarnos antes de proporcionar datos biométricos en cualquier plataforma digital; exigir leyes claras, con principios de seguridad, transparencia y proporcionalidad.

Lo deseable sería que los diputados y senadores detuvieran la implementación fast track de la CURP biométrica, hasta contar con una Ley Nacional de Protección de Datos Biométricos, distinta y más estricta que la Ley General de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.