En los últimos 20 años, el valor de la vivienda en el Valle de Toluca se incrementó hasta en un 100 por ciento, particularmente en los municipios de Metepec, San Mateo Atenco, Lerma y Zinacantepec.
Ello, tanto por el efecto inflacionario como por la ley de la oferta y la demanda; sin embargo, tiene consecuencias nocivas, como la proliferación desmedida de fraccionamientos de todos los niveles socioeconómicos.
Este fenómeno ha fortalecido escenarios de corrupción y tráfico de influencias, con jugosas ganancias para los funcionarios municipales y estatales que están detrás de las autorizaciones y dictámenes de los conglomerados de vivienda y de los centros comerciales que se desarrollan a su alrededor.
Moches financieros van y vienen entre funcionarios y desarrolladores, sin prever la saturación de la mancha urbana y el colapso de los servicios de agua potable, drenaje, recolección de los desechos domésticos, panteones, entre otros.
Actualmente, ya se discute en la Legislatura federal una iniciativa de reforma al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que la corrupción inmobiliaria se incorpore al catálogo de delitos y el Ministerio Público pueda solicitar prisión preventiva oficiosa contra servidores públicos y particulares que, en los 180 días anteriores a un dictamen, hayan incurrido en conductas ilícitas.
Porque es indispensable cerrar el paso a quienes, en complicidad con funcionarios deshonestos, abusan de las necesidades patrimoniales de las familias y se enriquecen con prácticas ilegales que afectan directamente el derecho a una vivienda digna.
Estos ilícitos incluyen adjudicaciones directas de cambios de uso de suelo, compraventas ilegales de tierras ejidales, construcciones sin permisos y la comercialización de inmuebles que no cumplen con la infraestructura adecuada o que están fuera de la legalidad.
Daremos seguimiento a los trabajos legislativos en la materia, porque ya es obsceno ver cómo cada gobierno municipal en turno autoriza nuevas lotificaciones, que no van acompañadas de acciones para ampliar y modernizar los servicios públicos.
