Hace casi 10 años me consultaron mi opinión (afortunadamente me dijeron que totalmente franca) con respecto al Poder Judicial. En aquel momento comenté que, en lo personal, lo percibía como un poder distante, difuso, poco claro y sin un beneficio social “tangible”, como pudiera ser el caso del Poder Ejecutivo, que puede operar programas sociales y entregar apoyos, o del Poder Legislativo, que en aquella época tenía un Programa de Apoyo a la Comunidad (desaparecido en 2021) y permitía que las diputadas y los diputados distribuyeran recursos en sus distritos.

En aquella ocasión advertí que esa distancia con la sociedad podría traer consecuencias negativas si, en algún momento, algún actor político u otro poder hiciera señalamientos con respecto al desempeño del Poder Judicial. Expliqué que, desde mi perspectiva, era necesario que el Tribunal Superior de Justicia transmitiera mayor cercanía e hiciera más claras, oportunas y suficientes sus acciones, informaciones y contenidos con respecto a sus decisiones, además de establecer mecanismos de vinculación con la sociedad.

Desde aquel momento hasta la fecha, el Poder Judicial mexiquense ha evolucionado de manera notoria, y uno de los aspectos más relevantes ha sido su política de Justicia Abierta, la cual se impulsó desde la firma de la Declaratoria en la materia, realizada en febrero pasado, y ha significado la instrumentación de diferentes acciones y compromisos que consolidan un programa que ha roto paradigmas.

Hace unos días, en el municipio de Amecameca, se presentaron esos avances que, en palabras del presidente del Poder Judicial estatal, Fernando Díaz Juárez, buscan “contribuir a forjar una sociedad más justa, igualitaria, equitativa e incluyente”, a partir de la salvaguarda de los derechos humanos y la dignidad de las personas.

Además, como parte de esa política, se instaló el Comité General para la Mejora en la Impartición de Justicia, el cual incorpora la visión de organizaciones sociales, académicas, empresariales, sindicales y juristas, así como de instituciones como la Universidad Autónoma del Estado de México.

El hecho no es menor, en virtud de que ha significado, entre otras acciones, hacer accesible la Agenda Estadística del PJEdomex para personas con discapacidad visual; consolidar los servicios del Tribunal Electrónico para acercar la justicia a sectores vulnerados mediante el empleo de la tecnología; así como los formatos de solicitud de información y de derechos ARCO —tanto en braille como en lenguas originarias—, además de que se produjo la Guía de Elaboración de Sentencias en Lenguaje Ciudadano.

También se integraron equipos multidisciplinarios para instrumentar la política, se transformaron los Comités de Transparencia del PJEdomex en órganos especializados, se aprobó un Plan de Desarrollo con la democratización como eje, y se creó el Observatorio de Pueblos Originarios y Comunidades Afrodescendientes, el cual ha tenido actividad importante en los últimos meses.

Ese trabajo del Poder Judicial no ha sido menor y ha ganado el reconocimiento de referentes como Peter Sharp Vargas, representante de la Red Internacional de Justicia Abierta, quien destacó, allá en Amecameca, que la mejor forma de consolidar ese modelo de justicia es haciendo: “La mejor forma de decir es hacer. El verbo tiene vida cuando hay acción y un día el verbo y la forma de hacer es enclave de justicia”, afirmó.

Otro elemento que permite vislumbrar la magnitud de estas acciones lo expresó Alejandra Ríos Cázares, directora de la Oficina de World Justice Project en México, al reconocer que la creación del Comité General para la Mejora en la Impartición de Justicia representa un paso decisivo hacia la institucionalización de la participación ciudadana.

Destacó que todos los integrantes cuentan con voz y voto, condición poco común en este tipo de foros. “Ese detalle no es menor, porque obliga a justificar y explicar cada decisión, lo cual fortalece la transparencia y asegura que la ciudadanía encuentre un canal real de interlocución con la justicia”, puntualizó Ríos.

Es relevante la incorporación de WJP por tratarse de una organización independiente, internacional y multidisciplinaria, que trabaja para avanzar el Estado de Derecho en el mundo, entendiendo el “Estado de Derecho” como un sistema de gobernanza en el que se cumplen cuatro principios universales: 1) Rendición de cuentas, 2) Leyes justas, 3) Gobierno abierto, y 4) Mecanismos accesibles e imparciales para resolver disputas.

Además, indica el sitio oficial de la organización, “un Estado de Derecho efectivo reduce la corrupción, protege a las personas de hechos injustos y combate la pobreza”.

De esa forma, en los últimos meses el PJEdomex ha dado pasos claros y firmes para romper perspectivas que no necesariamente los acercaban a la ciudadanía y, seguramente, de seguir esa Política de Justicia Abierta, en el mediano y largo plazo la percepción del Poder Judicial mexiquense será una de inclusión, cercanía, sensibilidad, diálogo y beneficio social.