Los datos oficiales presentados en días recientes indican una disminución de la pobreza multidimensional, pasando de 46.8 millones de personas en 2022 a 38.5 millones en 2024. También reportan reducción de la pobreza extrema, de 9.1 a 7.0 millones de personas. Según la presidenta, esto es resultado de las políticas implementadas por su gobierno y del aumento del salario mínimo como factor clave. Las cifras oficiales cantan victoria, pero detrás de estos números se oculta una realidad más compleja. No hay mejoras estructurales, sino cambios metodológicos que inflan artificialmente el resultado gubernamental, mientras millones permanecen en la precariedad.
En realidad, hay retrocesos en los derechos sociales fundamentales y una preocupante fragilidad económica que hipotecan el futuro de los mexicanos. A pesar de la “reducción” de la pobreza general y extrema, la vulnerabilidad por carencias sociales aumentó significativamente, de 29.4% en 2022 a 32.2% en 2024, un incremento de 37.9 a 41.9 millones de personas. En este periodo aumentaron las carencias en educación, salud, seguridad social, vivienda y alimentación. Millones de mexicanos están apenas por encima del umbral de pobreza, con su bienestar supeditado a la continuidad de transferencias, sin una base sólida de servicios públicos de calidad ni una economía en crecimiento que genere riqueza.
Desaparecer el CONEVAL y transferir funciones al INEGI generó un periodo de incertidumbre institucional y técnica que ha puesto en riesgo la continuidad metodológica, la objetividad de las cifras, la transparencia y la independencia crítica que tenía el primero. Expertos como EQUIDE (Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad) argumentan que estas modificaciones transforman la naturaleza de los datos y complican la compatibilidad.
Cambiaron algunos criterios para el análisis. Por ejemplo, el CONEVAL arrojaba un 44.1% de población sin servicios de salud, mientras que el INEGI considera la categoría “afiliación o acceso a servicios médicos en un centro de salud, hospital o institución pública” en un 34.2%. Lo mismo ocurre con la carencia de agua potable. El INEGI cambió el criterio para esta carencia y clasifica solo a las viviendas sin agua entubada como carentes, independientemente de la fuente (pozo, pipa, etc.): 3.5% de personas (4.5 millones). Con su propio criterio, CONEVAL clasificaba al 16.3% de personas (21.2 millones) con esta carencia.
Otro ejemplo notorio de discrepancia es el costo de la canasta básica. Mientras que CONEVAL reportaba valores de la canasta básica alimentaria en $2,287.66 (ámbito urbano) en marzo de 2024, PROFECO indica un precio por debajo de $910.00; así, se minimiza el costo de la vida de las familias.
Ciertas cifras “optimistas” son efecto de una redefinición estadística que “mejora” en apariencia la previsión de servicios, pero impide determinar cuánto de la variación se debe a cambios reales y cuánto a modificaciones metodológicas, reforzando la percepción de maquillaje estadístico.
En otro orden de ideas, la falta de crecimiento económico es un freno al desarrollo. Para el Banco Mundial y la UNAM Global, un factor crítico en la pobreza es el estancamiento económico que detiene su erradicación. Un crecimiento marginal no genera suficientes oportunidades de empleo formal y digno, así que la “reducción” de pobreza reportada se basa en transferencias (que se pagan contrayendo deuda pública, lo que las hace no sostenibles en el tiempo) o en ajustes metodológicos.
Un aspecto que suele olvidarse es la pobreza laboral: trabajar para seguir pobre. Aproximadamente 44.2 millones de mexicanos no pueden adquirir la canasta básica alimentaria para todos los integrantes de su hogar con su ingreso laboral, 33.9% de la población (nuevo mínimo histórico desde 2005).
Si hablamos de medicamentos y acceso a servicios de salud, por ejemplo, hay una crisis silenciosa. Quienes no tienen acceso a estos servicios pasaron de 20.1 a 44.5 millones, es decir, la cantidad se duplicó entre 2018 y 2024. El desabasto crónico de medicamentos no solo es una falla administrativa, sino una crisis humanitaria que afecta la vida de los pacientes, especialmente de los más pobres y enfermos.
Además, en 2024, el 48.2% de la población nacional presentó carencia por acceso a seguridad social, un derecho más negado. La informalidad laboral, que afecta al 54.3% de la población ocupada en 2025, es el principal factor que impide la universalización de la seguridad social en México. Sin empleos formales que la garanticen, los trabajadores están desprotegidos, lo que dificulta la movilidad social y los mantiene en precariedad, a pesar del dinero que el gobierno regala todos los meses.
México necesita un cambio de paradigma para lograr una reducción genuina y sostenible de la pobreza. Es urgente impulsar el crecimiento económico inclusivo para generar empleos formales y de calidad, realizar una inversión estratégica en educación y capital humano, reconstruir el sistema de salud (a partir de una nueva visión) con inversión y transparencia, y consolidar un sistema de seguridad universal basado en la generación de riqueza. México no necesita maquillaje estadístico, sino transformación real. Mientras el gobierno celebre aumentos de ingreso basados en deuda pública y números manipulados, en lugar de construir empleos dignos, servicios de salud y educación funcionales, y seguridad social universal, la pobreza será una herida abierta disfrazada.
El autor es Maestro en Administración Pública y Política Pública por ITESM y Máster en Comunicación y Marketing Político por la UNIR.
