El año que termina arrojará saldo negativo en materia económica, a pesar de los esfuerzos que las instituciones públicas federales y estatales hacen para demostrar lo contrario.
Este país necesita crear por lo menos un millón de empleos cada año, pues, de no hacerlo, no solamente no responderá a la necesidad creciente que en esa materia representa el egreso natural de las instituciones de educación superior del país, sino, además, tampoco se atenderá la reserva laboral que permanece en el desempleo o subempleo.
Un crecimiento “cero”, que es el que se plantea para el cierre de 2019, al menos en el cálculo del Banco de México y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), permite prever que los indicadores económicos, todos, si bien va, permanecerán estáticos, pero eso impactará de manera negativa toda perspectiva de crecimiento.
En el caso específico del Estado de México, el responsable de Desarrollo Económico, Enrique Jacob Rocha, planteó recientemente que, en el mejor de los escenarios, esta entidad podría alcanzar un 0.3 por ciento de crecimiento, lo que tampoco constituye ninguna buena noticia.
Con más de 17 millones de habitantes y ese marginal desarrollo de la economía mexiquense, lo único que puede visualizarse es estancamiento en la creación de fuentes de trabajo, y si no hay nuevas fuentes laborales lo lógico es que habrá más desempleo, y si el desempleo crece las posibilidades de controlar otros problemas sociales, como la delincuencia, son cada vez más escasas.
Se trata de un círculo negativo en el que convergen economía-desempleo-delincuencia, lo que se convierte en una ecuación difícil de resolver para cualquier nivel de la administración pública.
Si este país aspira a mejores estadios de desarrollo debe comenzar por dinamizar la economía. La respuesta, dicen los expertos, radica en la inversión pública para el desarrollo de infraestructura, obras que son las que más empleos generan y que impactan positivamente en otras ramas de la economía.
De ahí la importancia de asumir riesgos, de tomar medidas firmes y decididas, por ejemplo, en materia de deuda pública, porque el hecho de no endeudarnos no habla por sí mismo de una economía sana, por el contrario, puede no tenerse deudas, pero si tampoco se registra crecimiento, el resultado puede ser todavía peor.
En el Estado de México hay proyectos de infraestructura importantes que deben desempolvarse, impulsarse, los cuales merecen sí un seguimiento muy de cerca para evitar que los recursos se desvíen, pero que deben emprenderse para inyectar vida a la economía y al mercado laboral de la entidad.
Las obras de ampliación, modernización y adecuación del Aeropuerto Internacional de Toluca, aparejadas a la construcción de por lo menos dos cárceles y el programa de mejoramiento de carreteras y de infraestructura hidráulica son proyectos que no pueden ni deben aplazarse.
Es hora de mirar hacia adelante y recordar que la austeridad no significa condenar al Estado de México y al país en general a la parálisis económica que, seguramente, traerá más problemas que beneficios.
