De manera casi inmediata, la Dirección General de Prevención y Reinserción Social aceptó la recomendación 33/2017 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado México con relación a los hechos ocurridos en el penal Nezahualcóyotl Bordo de Xochiaca. No le quedaba de otra.
La dependencia estatal tendrá 15 días hábiles para dar cumplimiento a la medidas, entre las que se establece la aplicación a los servidores públicos del penal una evaluación de control de confianza para contar con los parámetros y aptitud en el servicio que prestan, así como una revisión minuciosa del protocolo de módulos de tratamiento intensivo para mejorar su procedimiento. ¿Nadie se había percatado de las irregularidades?
La Codhem recomendó en días pasados a la Dirección de Prevención, por vulneraciones a derechos humanos de internos de este centro de reclusión “al permitir, consentir, auspiciar y tolerar, actos contrarios a los fines del sistema penitenciario como la tortura e intimidación, lo que a su vez reveló deficiencias administrativas en la reclusión preventiva".
Lo anterior luego de los videos presentados por la Agencia de Noticias MVT donde se observa la tortura y extorsión por parte de un grupo de internos encabezados por el recluso identificado como "El Tato" o “El Tatos”.
Si bien es la primera recomendación que la Codhem emite al gobierno de Alfredo del Mazo Maza, es la segunda en el presente año dirigida a la Dirección de Prevención y Reinserción Social, encabezada por el general Luis Arias González, tras la agresión sexual de dos menores en el Centro de Reclusión “Quinta del bosque”.
En ésta se atentó contra el Derecho a la Protección de la Integridad, que “es un derecho de toda persona privada de la libertad a que se le garanticen las medidas necesarias para el aseguramiento de su integridad física y psicológica, en especial dentro de los espacios de segregación o destinados al cumplimiento de las sanciones disciplinarias”.
En el caso del penal NEza-Bordo la Codhem determinó que en el Módulo de Tratamiento Intensivo conocido como “Fortaleza” ocurrían situaciones de abuso de poder tolerado y consentido por las autoridades penitenciarias y estableció que “si el Estado no cumple con la reinserción social, la exigencia ciudadana es implacable y contundente al desconfiar de las instituciones, producto de su ineficacia, la corrupción y el recrudecimiento de conductas trasgresoras de la ley que pretendían erradicar”.
Aclara que un centro penitenciario no es un reservorio para personas “criminales”, sino una institución del Estado con capacidad de someter a una persona a un régimen dinámico, esquemático, progresivo y técnico para lograr su reinserción en la sociedad.
“La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito conceptualiza al autogobierno como el control directo y efectivo de un centro penal por parte de sus internos o de organizaciones criminales; al cogobierno como la situación en la que la administración penitenciaria comparte el poder de gestión con una parte de los reos o con organizaciones criminales, y en ambos casos la población carcelaria está en una especial situación de vulnerabilidad, por lo que se advirtió en la nota periodística que los actos del grupo delictivo al interior del penal, eran desplegados con la anuencia u omisión de las autoridades”.
Las preguntas que cabrían aquí son: ¿No tendrían que atenderse en el día con día las observaciones que está haciendo la Comisión de Derechos Humanos? ¿No tendrían que haberse atendido las que desde hace cinco años la CNDH realizó y que insistió en 2014 y 2016 sobre las condiciones del sistema penitenciario mexiquense? ¿Nadie sabía lo que estaba ocurriendo? ¿Por qué no se atendieron las denuncias de los familiares?
Lo que es claro es que hubo y hay una red de corrupción con complicidades a altos niveles. Ojalá pronto haya respuestas y se hagan públicas por parte de las autoridades, sobre todo de las medidas que se aplicarán, si es que ahora sí lo hacen, de las observaciones de los organismos de derechos humanos.
