Generalmente partimos de una perspectiva errónea al considerar que toda acción de gobierno es una política pública y que toda política pública surge del gobernante en turno, de quien preside el Poder Ejecutivo; sin embargo, analizar las llamadas “políticas públicas”, permite identificar lo que se denomina el “comportamiento institucional” del gobierno, donde entran en juego contratiempos, desvíos, retrasos e incluso incumplimientos, porque –con mayor frecuencia- las decisiones se planean y ejecutan en entornos cada vez más complejos e inciertos, además de que intervienen los usos y costumbres propios de la política.
Adicionalmente, el creciente acceso a información a través de las redes sociodigitales, la facilidad para generar contenidos –verdaderos o no-, la dinámica en la que grandes sectores de la sociedad se han constituido en prosumers (productores y consumidores) ha provocado mayor conciencia en problemas que hace unos años no eran del todo visibles y que han motivado la creación de diferentes movimientos y el surgimiento de nuevas demandas como la lucha contra los feminicidios y la violencia en contra de las mujeres, o activismos como el #MeToo para denunciar acoso y hostigamiento sexual en diferentes ámbitos profesionales.
De esa manera, los gobiernos y quienes los encabezan -ahora más que nunca- están obligados a ajustar permanentemente sus formas de operar, sus mecanismos para decidir y cómo proyectarse ante la sociedad.
En esa perspectiva, los resultados electorales de hace unas semanas en Coahuila e Hidalgo, donde el Partido Revolucionario Institucional (PRI) recuperó posiciones en ayuntamientos y sus respectivos congresos, significó un respiro importante para ese partido, donde incluso sus propios militantes tenían la perspectiva de que no habría manera de detener a la “aplanadora” de Morena.
En el caso del Estado de México y otras entidades del país –que el próximo año elegirán ayuntamientos y legislaturas estatales-, sería un error imaginar que los triunfos priistas se repetirán en automático. El peso político que tiene el territorio mexiquense –con un padrón electoral superior a 12.2 millones de ciudadanos- y su ubicación geográfica, lo hacen un espacio estratégico para la preservación del proyecto político de Morena y del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Imaginar que Morena y sus aliados se mantendrán de brazos cruzados en la próxima elección, es un error, y de ahí la urgencia –y pertinencia- del gobierno estatal para relanzar la comunicación del Poder Ejecutivo, porque uno de los factores que influyó en el triunfo priista –de acuerdo con especialistas en comportamiento electoral- es la aprobación positiva de los gobernadores. Según Mitofsky, en septiembre pasado, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, obtuvo una aprobación de 58.8 por ciento de los ciudadanos, una de las más altas del país, y en Hidalgo, el gobernador Omar Fayad registró 49.1 por ciento de aprobación. En el caso del Estado de México, ese mismo indicador para el titular del Poder Ejecutivo, se ubica en 34 por ciento.
Es así que se diseñó un nuevo eslogan, que identifique las acciones del gobierno, como una manera de generar la percepción de cercanía y proximidad con la gente –que tanto se cuestionó en torno al gobernador desde su etapa de campaña en 2017-, de manera que la aprobación se incremente notablemente en los próximos siete meses.
En febrero de este año, poco antes del inicio de la pandemia por Covid-19, el gobernador Alfredo Del Mazo tenía una aprobación ciudadana de apenas 13.3 por ciento (la más baja de su gestión) y ha incrementado de manera sostenida, en casi 21 puntos, ese referente de percepción pública, con un promedio mensual de casi 3 por ciento. Si logra sostener ese ritmo de crecimiento, podría superar 50 por ciento de aprobación ciudadana en mayo del siguiente año, lo que colocaría a su partido en una situación competitiva.
Sin embargo, lo que la política no resuelve la comunicación no lo repara, y el secretario de Finanzas del gobierno mexiquense, Rodrigo Jarque Lira, advirtió –durante su comparecencia ante la Legislatura estatal- que en 2021 se prevé una reducción de las participaciones federales en casi 7 por ciento en términos reales, en comparación con 2020, lo que podría complicar el diseño y ejecución de las políticas públicas del Ejecutivo estatal para atender diferentes problemas que se han acumulado durante años en la entidad.
Habrá que observar los acuerdos que se logren en la Legislatura estatal en la definición del presupuesto 2021, a partir de las directrices que envíen desde Palacio Nacional.
PERCEPCIÓN
Ante las presiones de la llamada “Alianza Federalista” hacia el gobierno federal, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se reunió con los gobernadores priistas del país (con excepción de la gobernador de Sonora) y con la dirigencia nacional de ese partido, para evitar que se sumen a los reclamos de más recursos y –probablemente- comprometer un mejor trato financiero para el siguiente año.
