El Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer que, de septiembre a octubre de 2021, la incidencia delictiva en el Estado de México aumentó 6.7 por ciento, con los siguientes ilícitos a la cabeza: homicidios, lesiones dolosas y abuso sexual.
Señalar solo a la autoridad como culpable es, simplemente, irresponsable y miope, considerando que el fenómeno de la delincuencia no es solo por la falta de eficacia de los cuerpos de seguridad comandados por el Estado, sino porque también responden a una descomposición social fraguada en la cultura relativista que hoy impera en nuestra cada vez más civilizada sociedad.
Pero tampoco podemos dejar de mencionar el grave vacío de poder que en materia de seguridad han dejado ver los tres niveles de gobierno.
El municipal por incapacidad operativa y legal; el estatal por estar sumido en una profunda red de corrupción donde para muchos policías vale más un día de mordidas jugosas a detener a un delincuente; y la federal, que no ha mostrado músculo ante el peor enemigo de los mexicanos que es la delincuencia organizada.
Prueba de lo que acabo de mencionar es la reciente cancelación de la Feria de Metepec, por órdenes del crimen organizado, a ojos vistos de la autoridad que no tuvo de otra que doblar las manitas.
Qué pésimo mensaje dieron los gobiernos a la sociedad mexiquense.
En pocas palabras, no hay autoridad en materia de seguridad.
Y ante ese vacío, son otros poderes fácticos los que se adueñan de la agenda en esa materia. Qué grave.
Con ese precedente, los gobiernos municipales entrantes en enero de 2022, van ciscados a tratar de atender la enorme demanda social en lo que salvaguardar la vida, integridad física y patrimonio de sus gobernados se refiere.
Si bien, la guerra de las instituciones contra el hampa no está del todo perdida, el Estado de Derecho va en declive, con el inminente riesgo de que el Estado de México se convierta en tierra de nadie; como ya ocurre en el sur de la entidad, donde la nota constante se la llevan los policías municipales, estatales y ministeriales emboscados y asesinados.
Este año, Alfredo Del Mazo destacó en su cuarto informe un aumento de 39 por ciento en los recursos en materia de seguridad, y el actual proyecto presupuestario para 2022 busca un incremento que representaría 8 mil millones de pesos más en esta materia.
Pues ni con toda la fuerza pública que tanto se pregona en las cifras, ha sido suficiente para hallar una estrategia novedosa y efectiva que impacte en la disminución del delito.
Ello, pese a que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 21, establece que la seguridad pública es una tarea que comprende la prevención, la investigación y la persecución de los delitos, cuya responsabilidad recae en los tres ámbitos de gobierno, es decir, en la Federación, las entidades federativas y los municipios.
