Ilegal, inmoral, incorrecto, inconveniente y abusivo son algunos de los adjetivos que mereció el decreto del Presidente de la República.
¿Cómo que seguridad nacional, asuntos prioritarios y estratégicos? Viola las disposiciones en materia constitucional, competencia económica, ambiental, de debido proceso, de consulta previa y en materia de progresividad. Viola claro, los derechos humanos y así como los tratados internacionales, aseguran unos.
Los otros, están con el titular del Ejecutivo: no tiene nada que ver con falta de transparencia, sino con evitar que amparos retrasen la conclusión de los proyectos. Es un simple acuerdo para facilitar que se terminen las obras en tiempo y forma. Ya basta de los Claudios Equis González y su abogado, el ministro en retiro Cosío, que les fascina oponerse a las obras de la Cuarta Transformación de la Vida Pública del País.
El acuerdo ordena a las dependencias otorgar autorizaciones, dictámenes, permisos o licencias provisionales en un plazo máximo de 5 días. Si transcurrido ese plazo no se emite una autorización expresa, se considerará resuelta en sentido positivo.
En los próximos días, meses, años e inclusive para la historia quedará la discusión del “decretazo”. El tema claro, llegará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ¿Viola el Acuerdo la Carta Magna?
Permítanme respetados lectores, recordarle cómo se integran los ministros: el Presidente de la República someterá ternas a consideración del Senado; previa comparecencia de las personas propuestas, designarán a los ministros que cubran la vacante.
Así es que a nadie le sorprenda que esas ternas, vayan cargadas de cercanía al presidente en turno. Es decir, un presidente panista, nunca propuso a un enemigo; tampoco un tricolor, y obviamente no lo hizo el morenista.
Con 92 de 114 votos, la consejera de la Judicatura Federal Loretta Ortiz fue electa por el Senado de la República como Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por cierto, esposa del Fiscal Electoral José Ortiz Pinchetti. Sustituirá al ministro Fernando Franco. ¿Alguien tiene duda de la cercanía con López Obrador?
¿Y cómo se elige a los gobernadores del Banco de México? La ley establece claramente las cualidades (requisitos) que deben tener las personas para ser integrantes de la Junta de Gobierno. Las designaciones son hechas por el Presidente y deben ser aprobadas por el Senado.
Se ha retirado la propuesta de Arturo Herrera, por cierto. Pero se enviará otra propuesta muy cercana a Palacio Nacional, obviamente.
Para que quede claro, todos los órganos constitucionales autónomos (INEGI, COFECE, IFT, Coneval, INAI, INEE, Fiscalía General, CNDH) pasan por el escritorio del Presidente de la República.
En el INEE manda una terna; en el INAI los nombramientos pueden ser objetados; en INEGI designa a sus miembros; en Coneval los puede objetar; en COFECE los propone el Ejecutivo; en IFT los propone el Ejecutivo; en INE se los reparten los partidos políticos; en la Fiscalía (¿alguien duda de la cercanía de Gertz?) y en la CNDH (¿alguien tiene duda de la cercanía de Rosario Piedra Ibarra?).
Para que quede más claro, con la cuarta ministra en el pleno de la Suprema Corte si llega el “decretazo” será constitucional, y mientras eso sucede, ya se habrá inaugurado el aeropuerto Felipe Ángeles.
Es momento de discutir, más allá del “decretazo” como se integran los órganos constitucionales, y debatir sobre su verdadera autonomía, su no subordinación, y la urgente y verdadera independencia. ¿No lo creen?
*Periodista, editor y radiodifusor
@GustavoRenteria
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