Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con 11 feminicidios diarios y la desaparición de 9 niñas y adolescentes cada día, saldremos a gritar por un alto a los feminicidios, a la violencia contra las mujeres; diremos no a los vientres de alquiler, al comercio de los cuerpos, a la trata de mujeres y niños, en especial de las indígenas, a la simulación de la igualdad de género, a la exclusión de las mujeres de las verdaderas decisiones que les afectan.
Se gritará fuerte, las vallas no lo van a impedir. La falta de respeto a las políticas de género y los derechos ganados están en riesgo de retroceso, se les ha castigado quitándoles presupuesto, a fin de que paren la lucha. Es una vergüenza para la gestión.
El pilar de la familia, de la sociedad, son las mujeres, las que representan de acuerdo al Censo Nacional de Población de 2020, 64 millones 540 mil 634 personas; es decir, el 51.2 por ciento de la población, las que viven una carga de trabajo de 13.4 horas diarias de labores.
La pandemia incrementó el trabajo de las mujeres en casa, la doble o triple jornada fue una realidad, se hizo cotidiana: no sólo hicieron home office, maquila u otros trabajos que les generaran ingresos ante la crisis económica que se vive, sino que además supervisaron el trabajo escolar de sus hijos, se ocuparon de las labores de su hogar y padecieron la ira, violencia y frustración de integrantes de su familia durante el confinamiento. No hubo refugios para ellas, ninguna autoridad las protegió. La pandemia fue el pretexto.
La desaparición de las organizaciones de apoyo, como los refugios, las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo y a otras instituciones y organizaciones las dejaron sin presupuesto. Las leyes asentadas en la constitución ganadas, se convirtieron en letra muerta.
Ya basta, señalan, no sólo gobernadoras, senadoras, diputadas y presidentas municipales a modo del régimen que no van a resolver lo que ocurre. Se las necesita gobernando y legislando no como hombres sino con mirada de mujer.