La estrofa referida de nuestro Himno Nacional viene a colación dado el revuelo que ha causado la Ley de Seguridad Interior decretada recientemente por el Presidente Peña Nieto. Voces van y vienen sobre su constitucionalidad, sus posibles efectos nocivos, la “manga ancha” con que ahora podría operar el Ejercito o la Armada, etc. Al margen de las cartulinas con dibujos casi infantiles con que congresistas de izquierda depauperan dicha ley, un análisis serio de la misma no deja lugar a dudas, pues esta Ley está bien estructurada, con herramientas adecuadas para gestionar su objetivo como es la Declaratoria de Protección, va en la misma línea que su predecesora Ley de Seguridad Nacional (decretada por Fox) y con la Constitución (art. 29) y pugna por su ejercicio con respeto a derechos humanos y sus garantías
La verdad es que esta Ley viene a subsanar algunas omisiones de la Ley de Seguridad Nacional. Prueba de ello es que cuando el entonces Presidente Calderón envió fuerzas armadas a varias entidades del país para combatir al crimen organizado, tal acción tuvo visos de ilegalidad en su implementación pues no estuvo respaldada con un criterio o base jurídica fundamentada, como la que ahora dispone la Ley de Seguridad Interior.
Como sea, aquí la cuestión fundamental radica en saber por qué precisamente ahora se promulga esta Ley de Seguridad Interior. ¿Qué razón pudo haber sido tan poderosa como para que los prestigiosos operadores del marketing político de la actual Administración hubieran impulsado su decreto justo al inicio de un ya de por si turbulento 2018? ¿Tomarían en cuenta que es año de elecciones y que las mismas podrían salirse de cauce, dado el descontento generalizado por la situación del país en prácticamente todos los aspectos? ¿Qué con el TLCAN en vilo y variables macroeconómicas sombrías, se prevé una recesión agravada por falta de inversión que derivará en más desempleo? ¿Qué siguen en aumento las ejecuciones y que, por sus vínculos con el poder político, el narcopoder persiste impune?
Porque el consenso entre la población en general es que legitimar el envío de Fuerzas Armadas a regiones convulsas, por más que trate de acotarse con Declaratorias de Intervención justificadas y avaladas por el Poder Judicial o el Consejo de Seguridad Nacional, despierta “sospechosismo” y trae reminiscencias sobre tantos sucesos previos en donde el Ejercito (a veces héroe), fue el villano y brazo ejecutor de un Estado Represor. Esperemos que el “…extraño enemigo…” no sea uno de nosotros.
